Vulnerables los derechos humanos en México
Tal como lo ha venido denunciando desde hace más de una década, Amnistía Internacional, en México se siguen vulnerando los derechos humanos por partes de las autoridades judiciales y policiacas del país, esto sin olvidar a las fuerzas armadas y la Policía Federal.
Incluso el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseguró que a pesar de las acciones realizadas para proteger las garantías individuales, en México permanecen prácticas que debían haber sido superadas como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y las detenciones arbitrarias.
En el informe de actividades 2015 de la CNDH, el ombudsman nacional sostuvo que a más de un año de los hechos ocurridos en Iguala, hoy la sociedad se vuelve a indignar con la desaparición de jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz. Estos hechos no pueden verse con normalidad.
Es urgente replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente. Los problemas que enfrentamos no podemos asumirlos como parte de una normalidad sustentada en la ilegalidad, la injusticia, la violencia y la corrupción.
En el 2015 se dio trámite a 27 mil 867 nuevos expedientes, de los cuales, 9 mil 980 correspondieron a quejas por violaciones diversas a las garantías individuales. De este gran total, se generaron 327 expedientes por reporte de desaparición de 423 personas en Guerrero, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. No obstante, sólo en 11 casos hubo elementos de presunta desaparición forzada.
El reporte de la CNDH señala que el año pasado se emitieron 60 recomendaciones a 42 instituciones federales, estatales y municipales.
Las recomendaciones fueron diversas, comprendiendo cuestiones que abarcaron, entre otras, desde casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión, afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración, hasta el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas.
Por ello es urgente que el Congreso de la Unión resolver las leyes pendientes en materia de tortura y desaparición forzada, entre otras, con el fin de hacer frente al reto de credibilidad que hoy tienen las instituciones del estado mexicano, incluyendo a la CNDH.
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