*La directora del penal, entre los detenidos. Se le acusa de homicidio calificado y abuso de autoridad.
Celdas de lujo y hasta un bar, fueron desmanteladas por Fuerza Civil de Nuevo León al interior del penal del Topo Chico.
Tras los hechos violentos de días anteriores, que dejaron 49 muertos y 12 heridos, autoridades estatales han procedido a revisar a fondo el estado que guarda la operatividad al interior del reclusorio ubicado al noroeste de Monterrey.
"Fuerza Civil asumió el control total del centro penitenciario y puso fin al autogobierno que ejercían líderes del crimen organizado en complicidad con algunas autoridades", indicó el gobierno de Nuevo León en un comunicado.
Aseguró que tras la intervención en la penitenciaría, "el cobro de piso, el tráfico de drogas y los privilegios se acabaron en el Penal del Topo Chico".
"Celdas de lujo equipadas con salas, minisplits (climas artificiales), pantallas, frigobares, televisión digital y hasta acuarios y baños sauna fueron desmanteladas por la corporación estatal", se informó.
También fueron retirados 280 puestos semifijos de alimentos, abarrotes y hasta un bar que eran operados por la red criminal directamente o a través del cobro de piso, ofertando productos con sobreprecios de hasta 120 por ciento, añadió el gobierno estatal.
Producto de la intervención de autoridades estatales, toneladas de objetos prohibidos, entre ellos muebles, aparatos electrodomésticos y colchones, fueron apilados en las canchas del centro penitenciario.
El mobiliario fue retirado ayer por maquinaria pesada y camiones, dijo, por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Cuauhtémoc Antúnez.
"Conocimos todas las irregularidades que existían, arbitrariedades, abusos, cobros de piso", manifestó el funcionario estatal durante una visita al reclusorio en la que los reos le agradecieron la intervención realizada.
"-Los internos- nos piden que ya cese eso, estamos dando esa garantía, ahora ya tenemos el control con Fuerza Civil para evitar que esos vicios se vuelvan a suscitar, todos los privilegios se acabaron", manifestó.
Luego del cateo del pasado jueves, Fuerza Civil destruyó también cientos de altares de la Santa Muerte, que incluían figuras de tamaño real, cuadros y vestuarios similares a los de matlachines.
La depuración del Penal del Topo Chico dio paso hoy a la visita de tres mil 19 familiares de internos, incluidos niños y adultos mayores, quienes pudieron ingresar ágilmente.
El gobierno de Nuevo León precisó que desde el mismo jueves 11 anterior, cuando ocurrió el motín, más de ocho mil familiares han podido entrar al reclusorio para constatar el estado de sus seres queridos.
3 detenidos
Aún quedan por identificar a cuatro de las 49 víctimas que dejó una riña en el penal de Topo Chico, mientras que tres ex funcionarios de la penitenciaría enfrentan proceso legal por homicidio calificado y abuso de autoridad.
De acuerdo al procurador general de Justicia del estado, Roberto Flores Treviño, los tres ex funcionarios fueron aprehendidos y sujetos a proceso penal tras el motín penitenciario.
Gregoria Salazar Robles, quien fungía como directora del centro penitenciario; Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, que desempeñaba el cargo de Subcomisario de Administración Penitenciaria y José Reyes Hernández Aguilar, custodio del penal, son los otros funcionarios presos.
A Salazar Robles y Domínguez Jaramillo se les imputaron los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, mientras que a Hernández Aguilar el de homicidio calificado.
Los dos primeros, para mayor seguridad, están detenidos en el Cuartel municipal del Alamey, mientras que el tercero está en el área de observación del penal del Topo Chico, mientras vence el plazo para resolver su situación jurídica.
El procurador general de Justicia nuevoleonés dijo que desde este fin de semana "se llevaron a cabo en el Palacio de Justicia las audiencias de imputación, vinculación, plazo de cierre y medidas cautelares" contra los tres indiciados.
Añadió que, a petición de la defensa, el Juez de Control concedió la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo establecido por el Artículo 19 constitucional.
Por otra parte, Flores Treviño dijo que ya fueron identificados cinco de las nueve víctimas, cuyas identidades se desconocían tras el enfrentamiento entre dos grupos delictivos, que inició en los últimos minutos del miércoles 10 de febrero anterior y se prolongó hacia la madrugada del día siguiente.
De los cinco cuerpos calcinados se logró identificar a Morgan Jesús Rosales Villeda, José Juan Salazar Leija y Angelino Sánchez Jaramillo.
También se identificó a Ricardo de Jesús Espinoza Beltrán y Roberto de Jesús Martínez Govea, cuyos cuerpos ya fueron entregados a sus familiares
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