Garantizar independencia a fiscalía anticorrupción

Garantizar independencia 

a  fiscalía anticorrupción   

*PAN y PRD presentan en Senado reformas para normar fiscalías anticorrupción y delito electoral

Nadia Hernández Soto

Con la finalidad de que la impunidad y el cinismo de funcionarios públicos corruptos no puedan  escapar de la justicia es necesario que en la Reforma Anticorrupción se garantice y se apoye la iniciativa para establecer una fiscalía anticorrupción que sea independiente y autónoma del gobierno federal, dijo en entrevista la senadora Pilar Ortega Martínez miembro de la Comisión de Justicia del senado de la República.

La legisladora plantea que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuente con independencia técnica y operativa, así como con un presupuesto de al menos el 4 por ciento de los recursos asignados a la PGR.

Explicó que Senadores del PAN y PRD presentaron una iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin de establecer el marco de actuación de las Fiscalías de Combate a la Corrupción y para la Atención de Delitos Electorales.

La propuesta, presentada, dijo,  la senadora panista, Pilar Ortega Martínez, que se propone que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción lo lleve a cabo la Cámara Alta, con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el pleno, aunque podrá ser removido libremente por el titular de la PGR.

La senadora Pilar Ortega destacó que la iniciativa busca dotar a las instituciones de los mecanismos y herramientas necesarias para perseguir los delitos en materia de corrupción y evitar que haya una mayor impunidad. 

Dijo que la iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis.

Sostuvo que el establecimiento del Fiscal Anticorrupción resulta medular para lograr la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto, puesto que le corresponde investigar y conocer de las conductas que constituyen delitos  que corresponden al ámbito del Derecho Penal y que por consecuencia implican una infracción que va más allá del ámbito de las responsabilidades administrativas.

Refirió que de acuerdo al estudio "México, Anatomía de la Corrupción" que publicaron el Centro de Investigación y Docencia Económicas –CIDE- y el Instituto Mexicano de la Competitividad, A.C. –IMCO-, de 444 denuncias que se presentaron de 1998 a 2012, es decir en tres lustros, sólo se consignaron 7, esto es apenas el 1.6%.

 Y de acuerdo al Censo de Impartición de Justicia del IMCO sólo 2% de los delitos cometidos por servidores públicos derivan en penas privativas de libertad.

También señaló que entre 2000 y 2013, en el país estuvieron en funciones 63 gobernadores de los cuales, 41 fueron exhibidos por  71 casos de corrupción. Sin embargo, solamente 16 fueron investigados  y tan solo 4 procesados y encontrados culpables.

Ante este panorama, los senadores panistas y perredistas, proponen que esta Fiscalía Anticorrupción, cuente con una estructura regional a través de la creación de unidades administrativas distribuidas dentro del territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones.

Se establece que cuente con los recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de sus funciones, para lo cual se diseñará un mecanismo que asegure que esta Fiscalía al menos contará con el 4% del Presupuesto total asignado a la Procuraduría General de la República.

Refiere que su titular se nombrará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República.

En el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la iniciativa del PAN y del PRD establecer que estará dotada de independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conoce de los delitos en materia electoral.