Durante su gestión como alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora no sólo regaló terrenos a particulares sino otorgó con el visto bueno del Congreso local una concesión millonaria a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. para prestar los servicios públicos de agua potable hasta el 31 de diciembre del año 2053.
De esta manera Aguakán, filial de Desarrollo Hidráulico de Cancún, realizará el cobro de agua potable hasta el año 2053; pese a las quejas de los quintanorrenses. Y eso no fue todo; dicha concesión podrá renovarse por 30 años más, es decir finiquitaría hasta el año 2083, dejando a por lo menos tres generaciones con sus respectivos descendientes como "clientes cautivos" del consumo de agua potable a través de la empresa Aguakan.
Aunada a ello, Fabiola Cortes Miranda de la asociación "Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo", presentó en el Congreso local una demanda de Juicio Político en contra del Secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvió mil 464 millones 604 mil pesos provenientes del Impuesto al Hospedaje, recaudados entre el 2014 y de enero a septiembre de 2015; recursos que dejaron de entregarse a los Fideicomisos de Promoción Turística del estado.
En el caso de Aguakan, la renovación del contrato se llevó a cabo en noviembre de 2014 para los municipios de Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad con su presidente Mauricio Góngora que durará hasta el año 2053.
Habitantes de Solidaridad señala que Mauricio Góngora privatizó un servicio público, por los que el municipio recibió un pago de 1,079 millones de pesos para que los "concesionarios" a cambio de esa transacción puedan operar de manera discrecional el suministro de agua potable fijando tarifas a su antojo, con sus respectivos aumentos indexados a la inflación de manera gradual.
Señalan que esto explica el constante aumento de las tarifas en el consumo de agua potable que han padecido los habitantes de la mayor parte del estado, a partir de la venta de los servicios de distribución de agua potable y alcantarillado.
El Congreso local en la sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2014 sancionó el decreto 250 firmado por el entonces diputado presidente Mario Machuca Sánchez y el diputado secretario Filiberto Martínez Méndez en el que se autoriza al gobernador Roberto Borge y a los presidentes municipales de Benito Juárez Paul Michel Carrillo de Cáceres, al de Isla Mujeres, Agapito Magaña Sánchez, y de Solidaridad, José Mauricio Góngora Escalante, a suscribir el convenio modificatorio Segundo al Título de Concesión de fecha 20 de octubre de 1993, que fuera otorgado a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V.
Así como incorporar todas aquellas cláusulas, condiciones y anexos que aseguren la ejecución de la concesión en beneficio del interés público protegido y garanticen la eficiencia del servicio en términos de calidad, oportunidad y cobertura, las contraprestaciones que deberán otorgarse, las garantías, las penalidades, la inver siones, las facultades, la obligaciones y demás particularidades necesarias para la explotación en términos de la ley de la Concesión de los servicios públicos del sistema de aguas.
En esa concesión se da manga ancha a los operadores de Aguakan para que fijen el monto de las cuotas y tarifas que mensualmente se actualizarán conforme al índice de precios al consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación. También se faculta a Aguakan a suspender los servicios de agua por falta de pago o cobrar intereses moratorios.
Por su parte, Fabiola Cortés Miranda, de la asociación "Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo", documentó el desvío de los recursos que debieron destinarse para promoción turística de los destinos de Quintana Roo y sobre todo en los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen).
En este sentido, dice que existe una deuda con proveedores que a la fecha tienen los fideicomisos de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya; el primero por un total de 224 millones de pesos, y el segundo por 118 millones de pesos.
Se detalla que los empresarios José Chapur Zahoul, propietario de la cadena Palace, así como el hotelero Abelardo Vara, expresan su preocupación y malestar porque la Secretaría de Finanzas no entrega los recursos del Impuesto al Hospedaje.
Los empresarios hoteleros reprochan la falta de recursos para la promoción turística y muestran su preocupación por los adeudos
En el caso del Fideicomiso de Solidaridad (que abarca Cozumel y Tulum), en los estados financieros anexos a las Sesiones del Comité se lee que el organismo de promoción se encuentra en quiebra total, lo cual también es advertido por el auditor externo, mismo que considera urgente que se le entreguen los recursos que le dejó de ministrar la Secretaría de Finanzas, así como ingresos extras para poder sanear su situación.
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