Armando Navarro
[…] y la existencia del propio Gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político, produciéndose el caos.
Este pasaje proviene de un discurso de Lázaro Cárdenas, el que dirigió a la nación con motivo del decreto de expropiación petrolera. Hoy se cumplen 79 años de ese evento, uno de los más importantes del México contemporáneo. El petróleo, a partir de ese momento, cobró un poder político, económico e identitario que definió el rumbo del siglo XX mexicano. El petróleo, pues, se convirtió en uno de los pilares de la vida nacional.
El tiempo ha sido testigo de muchos cambios en cuanto a nuestra postura y relación con el petróleo: con el paso de los sexenios, los efectos del cardenismo se han atenuado en ocasiones, y en otras se han reafirmado. Con el petróleo, pues, sostenemos un lazo complejo. El cambio más hondo desde la expropiación petrolera es, sin lugar a dudas, la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. En este sentido, podemos preguntarnos qué se transforma con aquello que Cárdenas buscó proteger en su momento: la economía, la autoridad del Estado y la Constitución, la soberanía nacional, pero sobre todo el bienestar de la clase trabajadora mexicana.
¿Qué es el petróleo para los mexicanos, para todos aquellos que tienen la mirada en él?
Ya no más, míster extractor
La reforma energética de Enrique Peña Nieto significa un giro radical a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas: se trata de una serie de leyes que abren el sector energético a la iniciativa privada. Ello, hay que aclararlo, ocurrió en menor medida durante las presidencias posteriores al cardenismo. El cambio actual es más profundo. Vale la pena, por ello, repasar la historia de la expropiación petrolera, es decir, del proceso en que el Estado adquirió por decreto los bienes y la infraestructura de las compañías petroleras extranjeras que operaban en territorio mexicano.
La siguiente información fue extraída de un artículo de José Rivera Castro. El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de bienes de las empresas petroleras estadounidenses y anglo-holandeses que operaban en México. El entonces presidente acusó a dichas compañías de abusos contra sus trabajadores y de desobedecer los mandatos del Gobierno y de la Suprema Corte de Justicia. El conflicto se originó años antes: hubo una larga lucha entre las compañías del petróleo y sus trabajadores, los directivos de las empresas se negaban a satisfacer las demandas obreras.
Durante los inicios del siglo XX, el petróleo, la electricidad y el carbón mineral de México eran explotados por capital extranjero. Hacia 1937, dichas empresas controlaban el 95% de las propiedades de la industria del petróleo. Entre las compañías más importantes figuraban Royal Dutch Shell, de Holanda, que en México se hizo llamar Compañía Mexicana El Águila; Standard Oil Co., con el nombre de Huasteca Petroleum; Cities Service; Continental Oil Co.; Consolidated Oil Co. El espacio geográfico del petróleo se situó en el Golfo de México y en el sureste del país, donde se establecieron las empresas mencionadas. Formaron centros industriales en Tampico, Poza Rica, Minatitlán y una refinería en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Las compañías llevaron a cabo una explotación irracional de yacimientos petrolíferos. Además, se opusieron a cumplir sus responsabilidades fiscales, también se desapegaron del uso correcto de las tecnologías de extracción y, con ello, ocasionaron incendios, afectaciones agrícolas y otras malas consecuencias ecológicas. Poseían, además, cuerpos armados para dominar y proteger los terrenos donde se ubicaban los yacimientos.
El conflicto y la expropiación se dieron en un contexto de gran movilidad política y económica. Es que, mitad de la década de los 30, inició un proceso de cambio profundo en cuanto a la intervención del Estado en la economía nacional, así como una transformación en las estructuras del poder.
Entre 1934 y 1936 hubo decenas de conflictos entre sindicatos y directivos de las compañías. Se buscaba mejorar los contratos existentes y, con ello, las condiciones laborales de los obreros. Hubo huelgas, movilizaciones masivas. A ello se suma que, con Cárdenas como presidente, la actividad sindical se extendió en todo el país. En 1935, con la intención de hacer un sindicato que representara a todos los obreros del sector petrolero, se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Se buscó, así, un solo acuerdo de trabajo para todo el personal de la industria. De acuerdo con el historiador J. Ch. Ashby, las empresas dejaron de asesinar a los organizadores sindicales cuando ello perdió eficacia (los sindicatos crecían) y, entonces, comenzaron a realizar por su cuenta otras formaciones obreras: el conflicto fue distinguir entre los sindicatos genuinos y los formados por las empresas.
A finales de 1936, los trabajadores presentaron un proyecto de Contrato de Trabajo Único donde reclamaban medidas económicas más convenientes para ellos. Las empresas lo rechazaron y hubo riesgo de huelga general. Cárdenas, preocupado por la estabilidad del país y por el flujo de combustibles, actuó para prevenir el cese de actividades: acordó entre las partes una convención obrero-patronal de 120 días para resolver los problemas. Pero los trabajadores no vieron satisfechas sus demandas: de 248 cláusulas, sólo se les concedieron 36. Se les negó, entre otras cosas, una semana laboral de 40 días, jubilación y pago de salario durante enfermedad.
En 1937 estalló una huelga que sólo pudo ser detenida, sin dejar las demandas, por un órgano de arbitraje. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje designó peritos para evaluar la situación económica de las empresas. Se concluyó que los obreros del petróleo eran peor pagados que los de otras industrias y que las empresas tenían más que suficiente para satisfacer condiciones de trabajo más dignas. Sin embargo, las compañías rechazaron el dictamen. La Junta pronunció un Laudo donde dijo que las empresas debían pagar a los obreros según su dictamen y establecer mejores condiciones laborales, pero las compañías rechazaron esto y buscaron ampararse en la Suprema Corte de Justicia. Ésta les dio un fallo negativo. Fueron con Cárdenas después, quien tampoco estuvo dispuesto a ayudarles.
A principios de 1938, los trabajadores suspendieron actividades otra vez. Cárdenas, preocupado otra vez por el detenimiento de la industria, promulgó el decreto de expropiación el 18 de marzo de ese año. ¿La razón? El Laudo ya había sido reconocido por la Suprema Corte, pero despreciado por las compañías mediante la falsa razón de la incapacidad económica. Así, se expropiaron maquinaria, instalaciones, estaciones de distribución, tanques de almacenamiento, oleoductos y edificios. Cárdenas anunció el decreto mediante un discurso que todavía es célebre, icónico.
De acuerdo con el análisis de AdQat, se trata de un texto provocador que plantea dudas y preguntas. Cárdenas presenta la problemática, sus antecedentes históricos, sus procesos y resoluciones legales, la posición de las partes y las posibles consecuencias. También despliega varias preocupaciones: ºla importancia de proteger la economía y los monopolios propios del Estado, es decir, gestión de finanzas y armas; la necesidad de cesar y abrir un flujo enorme de capital concentrado sólo en unas cuantas manos; velar por la clase obrera mexicana y, por lo tanto, por la paz social. Finalmente, el general parecía preocupado por resguardar los lazos sociales libres de intervenciones y capitales más allá de los intereses mexicanos.
El gobierno de Cárdenas insistió en la realización de los principios sociales de la Constitución de 1917. En esa tentativa, puso particular atención a los problemas económicos y sociales de trabajadores y campesinos. En el caso de la expropiación del petróleo, esto tuvo un coste: indemnizar a las empresas cuyos bienes habían sido adquiridos. El entonces presidente se comprometió a que la Secretaría de Hacienda pagaría lo correspondiente a las compañías en un plazo no mayor a 10 años. No obstante, las empresas no se resignaron tan fácilmente. Standard Oil y Royal Dutch Schell intentaron un boicot contra el petróleo mexicano, quisieron impedir que se vendiera en Europa y otros países. Además, presionaron a proveedores de materiales para no surtir a nuestro país con los materiales necesarios para su extracción. Pero estos boicots fueron superados cuando México surtió petróleo a algunos países involucrados directamente en la Segunda Guerra Mundial.
Petróleos Mexicanos, Pemex, fue la consecuencia más importante de la expropiación del petróleo en México, pues tendría a su cargo la extracción, producción y distribución de uno de los mayores bienes del país. Sin embargo, la situación del petróleo en México se mantuvo en constante movimiento después del cardenismo: es que muchos agentes, internos y extranjeros, han puesto sus ojos en él.
Oro negro
Después de la expropiación, la industria petrolera fue una de las palancas del desarrollo nacional. México pudo producir gasolinas, gas licuado, petroquímicos, entre otros derivados del petróleo. Además, se profesionalizaron sectores de obreros, ingenieros y científicos para el desempeño de la industria: exploración, perforación, extracción, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y venta. No obstante, la historia del petróleo mexicano ha estado llena de vaivenes. Lorenzo Meyer, en su artículo "Las batallas por el petróleo", dice que "la lucha petrolera se ha desarrollado en dos grandes escenarios: uno dominado por los actores internos y otro donde los reflectores los tienen los externos". Meyer rescata algunos de los conflictos más importantes.
Miguel Alemán, dada la presión exterior, hizo que el país firmara contratos-riesgo con empresas estadounidenses, cosa que les permitió volver a producir petróleo en México, aunque sólo para venderlo a Pemex. Esta situación cesó cuando se cancelaron dichos contratos en los años 60.
Salinas de Gortari negoció el Tratado de Libre Comercio y optó por no colocar a la industria del petróleo en el marco neoliberal de dicho acuerdo.
El gobierno de Calderón intentó abrir la exploración y producción de petróleo en aguas profundas a las grandes empresas internacionales. El pretexto fue que eran las únicas con tecnología y capital para hacerlo. Calderón no lo logró.
Más allá de esto, hay un episodio negro en la historia del petróleo en México. Fue protagonizado por José López Portillo, priista que gobernó el país de 1976 a 1982. Después de la devaluación del peso en el sexenio de Luis Echeverría, López Portillo enfrentó importantes retos económicos. Se comprometió a limitar el endeudamiento público, pero el descubrimiento de yacimientos petroleros lo hizo cambiar de parecer. El Estado enfocó su atención en la construcción de una infraestructura petrolera sólida. Con ello, llegó a una explotación excesiva de los yacimientos. López Portillo buscaba una política de exportaciones que permitiera un proyecto ambicioso de modernización. El entonces presidente llegó a declarar que la tarea de México, en un futuro, sería administrar la abundancia. Pero no fue así: hacia 1981, una sobreproducción mundial de petróleo bajó drásticamente su precio. El oro mexicano se había devaluado de pronto y vino la crisis de 1982. México tuvo que lidiar con un grave bache económico y con los efectos ambientales de la extracción: destrucción de ríos, pantanos, afectación agrícola en Chiapas, Campeche y Tabasco.
Y hoy, según analistas, el panorama no es mucho más alentador.
El sueño está muriendo
Lorenzo Meyer también apunta que la reforma energética de Enrique Peña Nieto involucra la política y seguridad energéticas, la política fiscal, la exterior y otros temas relacionados con el proyecto nacional. Así, la reforma será (está siendo) determinante para nosotros.
De acuerdo con un artículo de Forbes, algunas de las características formales de la reforma son las siguientes:
Los particulares podrán celebrar con Pemex contratos de distintos tipos: licencias, producción compartida y utilidad compartida.
Secretaría de Hacienda establece las condiciones económicas referentes a los términos fiscales de contratos y licitaciones.
Desde 2017, particulares pueden ofrecer servicios de gasolineras con marca propia. Pemex ya no tendrá este monopolio.
El Estado mantiene el control del sistema eléctrico del país.
El sindicato mantiene sus derechos. Los trabajadores en activo y los pensionados conservarán sus atribuciones.
Entre otras.
No obstante, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), las petroleras privadas sólo han producido un 0.7% de hidrocarburos y Pemex sigue abarcando el 99%. De acuerdo con el ingeniero e investigador de la UNAM, Fabio Barbosa Cano, este aparente estancamiento se debe a que "ha sido una operación de papel porque los precios del petróleo no repuntan y no hay negocio". Al contratista, pues, no le resulta conveniente perforar con la situación actual de precios del petróleo, que se vinieron abajo internacionalmente en junio de 2015.
A esto se suman dos datos importantes:
Un reporte de Pemex, en su informe anual de resultados, dice que las reservas de petróleo en México alcanzan solamente para ocho años: no se repusieron reducciones por revisión, limitación desarrollo y producción.
La Secretaría de Energía, durante la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016–2030, dijo que es un hecho que México comprará petróleo a Estados Unidos a partir de 2018. Cada vez hay menos petróleo producido aquí y de la calidad necesaria para transformarlo en sus derivados.
Son tiempos críticos para el legado de Cárdenas: tal vez, en efecto, lo criticable no sea la abierta intromisión de la iniciativa privada a la industria petrolera. Tal vez. Sin embargo, lo que sí se cuestiona es una apertura que, como en tiempos anteriores, no supo prever una caída en el precio del petróleo. En este sentido, valdría la pena buscar otras fuentes de movilidad económica y financiera y, sobre todo, de bienestar para cada ciudadano mexicano. (NTVSA)
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