Lino Calderón
En el caso específico de los procesos electorales, estas reformas han
implicado cambios profundos en la conformación y facultades de las
autoridades electorales. Una constante de esa evolución, ha sido su
propósito de incrementar su autonomía, imparcialidad, profesionalismo y
la supervisión ciudadana de su labor.
En este tránsito, entre otros, se conformó el Instituto Federal
Electoral, con un Consejo Ciudadano; se integró el Tribunal Electoral al
Poder Judicial de la Federación y, en años recientes, se nacionalizó y
amplió el mandato del IFE, convirtiéndolo en el Instituto Nacional
Electoral.
Sin embargo, las reformas a los organizadores y árbitros de los procesos
electorales parecieran haber sido insuficientes. En cada proceso
electoral se revela información que confirma el uso indebido de las
instituciones del Estado Mexicano en favorecer a partidos y candidatos.
Múltiples gobiernos de diversa filiación partidista, y de los distintos
órdenes de gobierno, han utilizado ilegítimamente a las entidades
gubernamentales y sus recursos, como si fueran instrumentos auxiliares
de la competencia electoral, en lugar de ser garantes de la legalidad.
El proceso electoral en curso, por sí mismo el más complejo de nuestra
historia moderna, no está siendo la excepción en la presencia recurrente
de esas prácticas ilegales.
Los casos de corrupción y desvío masivo de recursos públicos, en
ocasiones documentados por la Auditoría Superior de la Federación, en
otros denunciados por organismos de la sociedad civil, y algunos más
identificados y denunciados por los medios de comunicación, parecen
apuntar claramente al uso sistematizado del erario, en los distintos
órdenes de gobierno, con fines electorales y partidistas.
Pero el desvío de recursos para fines electorales no ha sido la única
manifestación aberrante de la captura de las instituciones para fines
ajenos a su mandato legal.
Entidades fundamentales del Estado, responsables de la procuración de
justicia, la seguridad nacional, la fiscalización tributaria y la
inteligencia financiera, están siendo utilizadas de forma inaudita y
alejada de estándares, con la finalidad aparente de minar la competencia
democrática y debilitar a los adversarios políticos.
En días recientes, la actuación institucional y apartidista de varias
instituciones federales, especialmente la Presidencia de la República,
la Procuraduría General de la República, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, y el Servicio de Administración Tributaria, se ha
puesto en entredicho por algunos partidos y candidatos. Hay
señalamientos similares en gravedad en los ámbitos locales y
municipales, respecto del proceder de autoridades equivalentes en esos
órdenes de gobierno.
El extrañamiento al abandono de la ortodoxia institucional, ha sido
señalado por un número creciente de organizaciones y activistas
sociales, intelectuales, académicos y líderes de opinión, y referido
apenas unas horas atrás, al titular del Poder Ejecutivo Federal.
En COPARMEX exigimos a todas las autoridades y los funcionarios
públicos, en los distintos órdenes de gobierno, se ajusten a la
legalidad y limiten su actuación y uso de recursos públicos, a la
función explícita que por ley se les tiene encomendada.
Hacemos un firme llamado al gobierno federal, así como a los gobiernos
estatales y municipales, para que eviten todo comportamiento o actuación
que de sospecha, indicio, o evidencia, de una injerencia ilegal en el
proceso electoral federal y los procesos locales que transcurren en
treinta entidades federativas.
De forma especial, desde COPARMEX exhortamos a los titulares de dichos
órdenes de gobierno, es decir, a los Presidentes Municipales,
Gobernadores y al Presidente de la República, para que su proceder
institucional y conducta personal, así como las de sus colaboradores
inmediatos, no deje lugar a dudas de su escrupuloso respeto a la
legalidad electoral.
Toda conducta o acción insólita, atípica o desproporcionada de un
gobierno o funcionario, que pretenda directa o indirectamente beneficiar
o perjudicar a una coalición, partido o candidato, debe ser erradicada
por su ilegalidad, afectación a la normalidad democrática, y profundos
efectos dañinos en la confianza institucional que trae aparejada.
La credibilidad y confianza institucional, es un ingrediente fundamental
de la democracia. La confianza en la justicia, de forma particular, es
uno de los pilares que deben sostener todo el andamiaje del Estado de
Derecho.
Se ha señalado recientemente la tibia actuación de la Procuraduría
General de la República en la investigación y persecución de los
posibles actos de corrupción en perjuicio del Gobierno Federal, y se
multiplican los señalamientos de una acción asimétrica en casos que
imputan a candidatos y sus entornos personales y de negocios.
Que la ley se aplique de manera irrestricta. Si hay evidencia de la
comisión de un delito, este debe ser investigado, perseguido y
sancionado sin distinciones. La ley nunca debe ser herramienta de
persecución o negociación política. Mucho menos, espacio de complacencia
para cuando se afectan los recursos públicos.
Por ello, COPARMEX emplaza de nuevo a los candidatos a la Presidencia de
la República, así como a los partidos y coaliciones, y a los
legisladores emanados de esas formaciones políticas, para pronunciarse
con claridad y actuar sin dilación, para concretar una reforma al
artículo 102 de la Constitución General, que garantice que México cuente
con una Fiscalía General autónoma, eficaz, respetuosa de los derechos
humanos, con supervisión y controles ciudadanos, en resumen, una
#FiscalíaQueSirva a México.
El lamentable contexto electoral y la poca atinada actuación del órgano
federal responsable de procurar justicia, otorga hoy más que nunca la
razón a las organizaciones y ciudadanos, que desde los colectivos
#VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, han venido exigiendo esta
transformación del Estado Mexicano.
El camino hacia la consolidación de la democracia ha sido largo y muy
arduo. Nadie que quiera a México, puede apostar por su deterioro.
Ahora que está próximo el inicio formal de las campañas lo decimos con
claridad: Exigimos un proceso electoral apegado a la legalidad.
Los gobiernos y sus funcionarios, deben dedicarse a cumplir con sus
responsabilidades, sin distracciones. Los partidos y candidatos a
presentar propuestas: Queremos escuchar de ellos los qué y también los
cómo. Y las autoridades electorales, deben garantizar un proceso
ordenado, con certeza y transparencia para todos los participantes.
En Coparmex lo reiteramos, fortalecer el Estado de Derecho, es hoy el
principal reto de México. Y en este proceso electoral, debemos superar
ese gran desafío nacional.
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