Política criminal y plan de persecueción penal de la PGR
identifica ocho mercados c omo prioridad
*Detalla pormenores Alberto Elías Beltrán durante XXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en Acapulco, Guerrero
La Política Criminal y el Plan de Persecución Penal presentados por la Procuraduría General de la República (PGR) durante la XXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) en Acapulco, Guerrero, identifican ocho mercados prioritarios.
Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, detalló que dichos mercados son los delitos económicos y financieros, narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, crimen organizado, delitos ambientales, contrabando y corrupción.
Por otro lado, refirió que delitos de baja complejidad, como patrimoniales; contra la salud; violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; del Código Penal Federal; leyes financieras; y cometidos por servidores públicos, permiten establecer derivación de medios alternativos de solución de controversias.
Señaló que la política criminal y el plan de persecución establece criterios de autorización, selección e interconexión de casos, con apoyo de las bases de información que ha generado la PGR, para procesar, analizar y establecer los asuntos en dos perfiles establecidos: de baja complejidad y de mucho volumen, o de especialización y alta complejidad, que son los ocho mercados criminales.
Derivado de mesas interinstitucionales, interdisciplinarias y de análisis se identificarán aquellos delitos graves, pero de fácil investigación como un primer grupo; de menos gravedad, pero de fácil investigación, en el segundo grupo; graves, pero de difícil investigación, en el tercer grupo; y graves, pero de difícil investigación.
Al referirse a la operación, habló de tres pisos con unidades de Atención Inmediata, Comunicación Masiva y de Investigación, acompañadas de manera transversal con un servicio de análisis criminal y pericial, a través de la Agencia de investigación Criminal, de la Unidad de Justicia Alternativa, así como de Supervisión de Litigación.
Dijo que la experiencia internacional permite generar un perfil institucional, política criminal y plan de persecución penal que dé claridad y eficiencia a los recursos, a través de un plan conocido en esquemas internacionales como modelo de riesgo.
Detalló que al reunirse con autoridades americanas del Departamento de Estado, Justicia y Seguridad Interna se ha hablado de atacar la cadena de valor del narcotráfico, que involucra a Colombia, Estados Unidos y México, por lo que es fundamental la colaboración no solo a nivel nacional sino internacional.
Señaló que es elemental contar con el perfil institucional, que es el diseño de la organización con base a las necesidades, prioridades, expectativas sociales y políticas de frente al combate al fenómeno delincuencial en un determinado sitio y momento.
A partir del perfil, refirió, se genera una política, que es la base de criterios uniformes, sistemáticos y racionales, unidos bajo estrategias adoptadas que tiene por objeto la protección de los derechos y las personas.
Añadió que una vez definido el perfil y la política, se debe generar un plan de persecución que permite establecer claramente la distribución de dichos casos, bajo el entendimiento que tiene un diseño en la implementación con una experiencia técnica, gestión estratégica de las cargas de trabajo y el flujo de los gastos.
Elías Beltrán dijo que la PGR enfocará los recursos de investigación y generará capacidades complementarias y específicas para atacar la cadena de valor de los mercados delincuenciales de alta complejidad señalados en el propio perfil institucional.
Destacó la importancia de definir "cómo nos vamos a organizar para perseguir el fenómeno criminal y cómo debemos racionalizar la operación de la institución para un verdadero servicio de procuración de justicia eficaz y eficiente para atender al cliente, que es nuestra sociedad y la federación".
Insistió en la necesidad de que la arquitectura institucional atienda lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, dé un flujo real de derivaciones de casos con alternativa de solución de controversia, así como capacidades de investigación y litigación.
Señaló que derivado de lo anterior se estableció, a través de un análisis empírico del fenómeno delincuencial en relación a su volumen y complejidad, la definición de dichos mercados, donde se deben enfocar todos los recursos para ser eficientes a través de una estrategia.
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