Admite Arely Gómez que las instituciones le han fallado a los mexicanos
*La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, señaló que casos de corrupción han provocado desanimo entre la población mexicana.
Para nadie es un secreto que la crisis de credibilidad de las instituciones públicas tuvo un rol preponderante en las pasadas elecciones del 1 de julio, admitió la titular de la secretaría de la Función Publica, Arely Gómez.
Al encabezar la inauguración del conversatorio "El fortalecimiento y consolidación del régimen de responsabilidad administrativa", Gómez González reconoció que las instituciones le han fallado a los mexicanos.
"La problemática de la corrupción es de grandes proporciones lo que ha derivado en el desaliento de los mexicanos que no es otra cosa que el desánimo y la pérdida de confianza en las instituciones del Estado que hemos fallado en mayor o menor medida en proporcionar a la ciudadanía servicios suficientemente oportunos de calidad y efectividad", sostuvo.
Señaló que si bien la corrupción no es una práctica nueva, la implementación de políticas de transparencia, las redes sociales y la interconexión informativa han contribuido a conocer casos que han provocado la desconfianza.
Por ello, comentó que, tras comprender su impacto al desarrollo, así como los costos económicos, la comunidad política y empresarial se han propuesto combatir la corrupción a través de alianzas, convenios instrumentos establecidos.
La funcionaria destacó la reforma en materia de transparencia que se impulsó durante la actual administración y la cual pretende abatir la corrupción desde todos sus frentes.
"Se creó una instancia de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno con competencia en la prevención detección y sanción tanto de hechos de corrupción como de responsabilidades administrativas", indicó.
En este marco, adelantó que durante el conversatorio se abordará el tema de la modificación a la declaración patrimonial y de intereses de servidores públicos denominada 3 de 3, cuya propuesta y aprobación está a cargo del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
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