Octubre 25 de 2018.
Por Pedro Moreno.
· Los legisladores del Congreso de la Ciudad se comprometen con las autoridades de la Procuraduría General Justicia a coadyuvar y trabajar, en el ámbito de sus atribuciones, en beneficio de los capitalinos, así como en el tránsito hacia la Fiscalía Autónoma
En el marco de comparecencias por la glosa del VI Informe de Gobierno de la Ciudad de México, el procurador General de Justicia capitalino, Edmundo Garrido Osorio asistió al Congreso de la Ciudad para rendir el informe que guarda la dependencia a su cargo ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la cual preside el diputado Ricardo Ruiz Suárez.
Durante la comparecencia, los legisladores coincidieron en destacar la importancia que hay en el tema de la transición de la Procuraduría de Justicia hacia una Fiscalía Autónoma, los retos que aún enfrenta el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la inseguridad que viven los capitalinos y sus principales demandas.
En su presentación, Edmundo Garrido Osorio, informó los logros de la Procuraduría, entre los que destacó la disminución en la incidencia delictiva de alto impacto en la capital de 3.3 por ciento en comparación con el año pasado, y reconoció la existencia de dos organizaciones de la delincuencia organizada en la ciudad, las cuales, afirmó, se están combatiendo.
"Son dos organizaciones que se han focalizado en cierta zona de la ciudad, que hemos atacado de manera responsable, a través de factores de inteligencia", explicó.
Del Sistema Anticorrupción, señaló que, para cumplir con los objetivos, se hicieron adecuaciones estructurales y funcionales para renovar el esquema de primer contacto con la ciudadanía.
Sin embargo, admitió, es un sistema joven, que es perfectible. "No nos toca a las instituciones que operamos en sistema cuestionar si es bueno o malo, nuestra obligación es operarlo", aseveró y afirmó que no se apuesta a que el sistema se revierta, ya que el sistema tiene muchas bondades.
"Los principios del sistema son fundamentales, siento que el darle la alternativa a la ciudadanía, y en este caso a la víctima, que es a quien se protege con el nuevo sistema y que se consideraba que no se visualizaba. Creo que existe la posibilidad real de tener alguna reparación del daño, pero sí necesitamos hacer ajustes puntuales en el sistema", agregó.
Al hacer mención de las medidas cautelares, el funcionario anotó que la prisión preventiva debe de ser revalorada porque como estuvo planteada en el Código Nacional, solamente se establece un catálogo para ciertos delitos.
Asimismo, Garrido Osorio detalló que en el último año la institución atendió 238 mil 599 solicitudes ciudadanas en los Módulos de Atención Oportuna, se inició 172 mil 777 carpetas de investigación, se determinó 148 mil 588 indagatorias, se elaboraron 228 mil 671 peritajes, de igual forma se tramitó 78 mil 263 órdenes de investigación y se resolvió la situación jurídica de 41 mil 362 personas puestas a disposición del Ministerio Público, además de que se cumplimentaron 12 mil 488 mandamientos judiciales.
Aseguró que se desarticularon 541 bandas, integradas por 2,100 personas que se dedicaban al robo en sus distintas modalidades y que reflejan una disminución de este ilícito.
Por otro lado, detalló que la Procuraduría trabaja a favor de la naturaleza y por ello inició mil 643 carpetas de investigación por delitos que atentan contra el medio ambiente y 169 por maltrato animal.
De la Ley de Seguridad Ciudadana que tendrá que aprobar el Congreso, anotó que la ruta idónea requiere del consenso de todas las fuerzas políticas. "Es importante que esa ley tenga esquemas de prevención, análisis del contexto y evidentemente se requiere el punto de vista de las instituciones encargadas de operar el tema de justicia".
Para combatir el delito de trata de persona, el Procurador detalló que se realizaron 116 operativos y se detuvieron a 50 personas imputadas, se iniciaron y judicializaron 21 carpetas de investigación.
Al iniciar la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Teresa Ramos Arreola del PVEM, solicitó información acerca de las acciones coordinadas con otras instituciones locales y federales para disminuir los índices delictivos, además de los logros frente al combate de los delitos de trata de personas y maltrato animal.
Asimismo, le pidió, bajo su perspectiva y experiencia al frente de la Procuraduría, su opinión respecto de la ruta de trabajo que deberá tomar en cuenta el Congreso para crear la Ley de Seguridad Ciudadana, que deberá quedar establecida en un plazo que no exceda el primer año de ejercicio de la esta I Legislatura.
El diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del PRI, se refirió no sólo al reto que representará la transición de una Procuraduría a una Fiscalía, un cambio que significará tener una institución autónoma, eficiente, que abata la corrupción, la cifra negra de denuncias y capacite a los operadores, sino también al tema de ajustar el nuevo Sistema de Justicia Penal.
¿Cuál es su valoración de la transición al nuevo Sistema de Justicia Penal, qué retos tenemos, cómo desde este Congreso podemos aportar elementos y terminar de completar la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal?, preguntó el legislador, tras proponer que en materia de delincuencia organizada se les deben quitar sus bienes.
Por su parte la diputada Lizette Clavel Sánchez, del grupo parlamentario del PT, precisó que aunque el informe presentado por la Procuraduría señala avances en favor de la ciudadanía, la percepción es distinta por el avance que ha tenido el crimen organizado en la capital del país y la mala implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en materia de la defensoría de los derechos humanos, tanto para víctimas como para indiciados.
Por lo anterior planteó que para mejorar la confianza es imperante transparentar los procesos judiciales, el trabajo administrativo y operativo de la institución.
El diputado panista, Diego Garrido López, cuestionó al funcionario acerca de los logros obtenidos de este nuevo Sistema de Justicia Penal, el número de robos denunciados durante el periodo que informa, cuántas personas han sido puestas a disposición del Ministerio Público, cómo se han resuelto dichas denuncias y qué medidas se han aplicado para disminuir los índices delictivos.
En materia de capacitación y de profesionalización del personal de la PGJCDMX, pidió que se precisara cuántos ministerios públicos están actualizados para implementar dicho Sistema.
En tanto, el diputado Carlos Hernández Mirón, preguntó si se seguirá negando la existencia del crimen organizado en la Ciudad de México, mientras que la ciudadanía se siente insegura y con poca confianza en sus autoridades, y puntualizó que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, en la capital el tema que genera mayor preocupación es la inseguridad, con 70.5 por ciento, y el segundo es la corrupción con 32.6 por ciento.
Señaló que la misma institución ha violentado y transgredido los derechos humanos de sus trabajadores, de acuerdo a la recomendación 16/2010 emitida por la Comisión de Derechos Humanos, por ello cuestionó la disposición que tendrían para ayudar a la ciudadanía.
El presidente de la Comisión, Ricardo Ruiz Suárez, quien destacó que la glosa se da en un momento muy importante de transición de un régimen estatutario a un régimen constitucional, señaló que en lo que se refiere a procuración de justicia, la ciudad también está inmersa en una transformación, ya que se deberá llegar a una Fiscalía Autónoma, que significa un cambio de raíz para que la institucionalidad de procuración y administración de justicia cambie de manera positiva.
Finalmente, agradeció la asistencia del funcionario y recalcó la importancia de lo señalado durante la comparecencia,
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