Las autoridades federales y estatales fueron omisas para evitar el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014 en Iguala, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ayer planteó la posibilidad que entre 23 y 28 de los estudiantes desaparecidos pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, con lo que revivió parte de la versión oficial que apunta a que los 43 jóvenes habrían sido calcinados en ese lugar.
En conferencia de prensa que se prolongó más de nueve horas, el ombudsman Luis Raúl González Pérez, acompañado por el equipo de la Oficina de la CNDH para el caso Iguala, entre ellos el titular, José Larrieta, presentó la recomendación 15VG/2018 derivada de los hechos contra los normalistas.
Fue una sesión insólita donde los funcionarios del organismo nacional delinearon, detalle a detalle, el contenido del documento dirigido a 16 autoridades de los tres órdenes de gobierno, principalmente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Es la primera ocasión que una recomendación de este nivel se dirige al titular del Ejecutivo federal. Ayotzinapa representa el punto de quiebre del sexenio de Peña Nieto. Es un caso abominable que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, así como del momento crítico que atraviesa en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad
, subrayó González Pérez.
Los otros destinatarios del documento, que consta de 128 recomendaciones específicas, son las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de la Función Pública y de Educación Pública; así como la Procuraduría General de la República; las comisiones Nacional de Seguridad y Ejecutiva de Atención a Víctimas; los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; la fiscalía general del estado y la Secretaría de Salud local; la mesa directiva del Congreso de Guerrero y los gobiernos municipales de Iguala y Cocula, así como el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo.
El ombudsman planteó que la recomendación asienta que un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 sólo pudo ocurrir por la penetración de la delincuenia organizada en las estructuras de los tres niveles de gobierno.
El documento agrega que si las corporaciones federales y estatales hubieran actuado de manera pertinente y oportuna, los ataques contra los normalistas, que dejaron seis asesinados, 42 lesionados y 43 desaparecidos de manera forzada, pudieron haberse evitado. Y es que, por medio del sistema C4, varias instancias de seguridad y justicia, como la PGR, el Ejército, las policías Federal y estatal tuvieron conocimiento de los hechos en el momento en que sucedían.
En Iguala, diversas autoridades tanto a escala federal como local y municipal sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero nadie hizo nada para actuar, con ello se hubiese evitado un desenlace como el que se presentó, aseveró González Pérez.
La CNDH acreditó que la PGR tuvo conocimiento del ataque contra los normalistas casi al tiempo en el que ocurrían los hechos, y pese a que sus oficinas en Iguala se ubican a siete minutos de donde se daban las agresiones contra un grupo de estudiantes, no actuó para evitarlas.
De manera oficial, la PGR informó en su momento que atrajo el caso nueve días después de los hechos. Sin embargo, el documento de la CNDH acreditó que la dependencia federal recibió un aviso del sistema C4 a las 21:45 horas del día 26, mediante el cual se le alertaba de lo que sucedía, incluso se dijo que había hechos constitutivos de violación a la ley de armas de fuego, propio del actuar del Ministerio Público Federal. Y lejos de proceder conforme estaba obligada por ley para hacerlo de inmediato, se limitó a enviar un oficio.
En cuanto a la actuación del Ejército, la investigación de la CNDH refiere que hubo presencia de personal militar en algunos puntos donde ocurrieron las agresiones y que incluso llegaron hasta un hospital en el que era atendido un normalista que había recibido un impacto de bala en la quijada, donde no brindaron atención a los jóvenes. Además, agrega, los militares llegaron tarde a los sitios de los ataques. Tampoco hubo actuación oportuna de la Policía Federal ni de la estatal.
La recomendación señala que la noche del 26 de septiembre, entre 23 y 28 normalistas –del grupo de 43 que están desaparecidos– fueron entregados a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes los condujeron hasta el basurero de Cocula, Guerrero.
Otro grupo, de entre 15 y 19 estudiantes habrían sido conducidos al municipio de Huitzuco, donde se les perdió la pista. Todo ello por órdenes de un hombre apodado El Patrón del cual, de acuerdo con la CNDH, la PGR debe indagar quién es y el nivel de poder que tiene en la estructura criminal.
El organismo nacional documentó con pruebas científicas que en el vertedero de Cocula fueron asesinadas y calcinadas al menos 19 personas, en un tiempo que coincide con la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, debido a la ineficiencia de las diligencias ministeriales de la PGR, no se puede determinar si se trata de algunos de los estudiantes de la normal o de otras personas.
Un equipo de peritos de la CNDH acudió al vertedero para analizar el lugar donde los implicados han declarado haber incinerado a los normalistas, como apunta la llamada verdad histórica, y concluyeron con pruebas científicas que en ese espacio hubo un incendio que alcanzó entre 200 y menos de 850 grados centígrados de temperatura, donde se habría calcinado a varias personas.
La CNDH encontró además que algunos de los restos óseos hallados tanto en el basurero como en la bolsa de restos rescatada del río San Juan, coinciden con el ADN de dos de los normalistas. Por ello, se demandó hacer las pruebas científicas requeridas a 93 restos óseos hallados tanto en el río como en el basurero.
La CNDH criticó la actuación desapegada a derecho realizada por la PGR, en particular por el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, quien incurrió en indebida diligencia en el río San Juan. Además, censuró que las acciones penales contra los presuntos responsables no se hayan formulado por el delito de desaparición forzada.
La CNDH recibió 72 quejas por tortura contra los presuntos responsables y logró acreditar que se concretó en ocho casos, y en 28 se dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes.
González Pérez dijo que algunos puntos del documento se presentaron el lunes pasado a los familiares de los normalistas, quienes lo tomaron con recelo. Reconoció la labor que han desarrollado los padres y dijo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe rencauzar totalmente la reparación integral del daño para los ofendidos.
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