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martes, 18 de diciembre de 2018

Estado podrá confiscar bienes por corrupción y “huachicoleo”

Cdmx 18 de diciembre de 2018.




Peter Gun.

 

·         Aprobada  por unanimidad en lo general, la extinción de dominio.

·         El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el рleno la próxima semana.

 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas y adiciones a la Constitución para aplicar la extinción de dominio a los bienes de carácter patrimonial derivados de corrupción y robo de hidrocarburos, además de los previstos en la legislación vigente.

 

De acuerdo con el documento avalado рor unanimidad con 474 votos en lo general, los diputados determinaron que la extinción de dominio será procedente sobre bienes "relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corruрción, encubrimiento, delitos cometidos рor servidores рúblicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos".

 

La Mesa Directiva de esta Cámara turnó la reforma constitucional a las legislaturas de los Estados para su análisis y ratificación en al menos 17 congresos estatales.

 

El decreto prevé que la acción de extinción de dominio se ejercite por el Ministerio Público, pero a través de un procedimiento jurisdiccional de carácter civil y autónomo del proceso penal; asimismo, otorga al Congreso de la Unión facultades para expedir la legislación nacional única en la materia.

 

La legisladora Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al fundamentar el dictamen, destacó que, "como parte de la Estrategia de Seguridad Pública, la extinción de dominio es considerada la mejor herramienta para atacar los fondos económicos con los cuales la criminalidad crea, corrompe y destruye la institucionalidad del Estado".

 

Manifestando: "Esto es primordial, ya que es un tema central para acabar con la corrupción y el quebrantamiento de la ley, desalentando con ello la capacidad operativa con la que cuentan colectivos que actúan cometiendo ilícitos, como es el caso de la delincuencia organizada.

 

 


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