Cdmx 10 de enero de 2019.
Peter Gun.
· La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización de las Naciones Unidas rechazan creación de la Guardia Nacional.
En el marco del tercer día de las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional que se llevan a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los titulares de la CNDH, ONU, UNAM y CIDE rechazaron la creación de este organismo, en virtud de que con ello se pretende constitucionalizar un mando militar en tareas de seguridad pública debilitando de esta manera a las corporaciones civiles.
Además, coincidieron en que la propuesta es incompleta, parcial, sesgada y atenta contra los derechos humanos.
Conforme a las estimaciones de los especialistas, la Guardia Nacional puede crearse sin trastocar la Constitución y si su creación obedece realmente a la necesidad de atender la situación de violencia que se vive en el país se puede trabajar en la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional para acotar los estados de excepción que necesariamente se debe realizar bajo estricto apego de estándares internacionales.
Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH consideró que el Estado Mexicano podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.
Por su parte, Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la ONU recordó el fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de tres miembros de la familia Alvarado durante el Operativo Conjunto Chihuahua, en 2009, que contradice la intención de asignar las tareas de seguridad pública a un cuerpo militar, como es la Guardia Nacional.
Concretamente Jarab, indicó: "La Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben de estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso".
Añadió que en opinión del organismo que representa, el modelo establecido en el dictamen de Guardia Nacional no responde a esos parámetros convencionales establecidos por la Corte Interamericana.
Así mismo Jarab manifestó que su oficina mantiene y reitera su preocupación por la aprobación de la Guardia Nacional basada en cuatro elementos:
1) Que el dictamen no brinda garantías de no repetición de las "graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en el pasado".
2) Que la fusión de la Policía Federal con las policías militares demerita los esfuerzos de construir y fortalecer a las corporaciones civiles que el país necesita.
3) Que el impacto que la reforma tendrá en la investigación del delito y el sistema de justicia penal y la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad.
4) Porque, desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado.
Además, este funcionario internacional añadió: "La ONU-DH reitera su invitación para que la que muy probablemente será la definición constitucional más relevante que adopte la presente legislatura en materia de seguridad, se realice de manera pausada, reflexiva y en estricto apego a los compromisos internacionales de derechos humanos adoptados por el Estado.
Por su parte, Pedro Salazar Ugarte, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recordó que el Congreso tiene la facultad jurídica y política para aprobar la reforma, pero también la responsabilidad histórica de sus decisiones.
Explicó: "A nosotros nos toca una corresponsabilidad social, que en este caso se traduce en expresar nuestra opinión con compromiso cívico hacia el constitucionalismo democrático. Después de leer con cuidado el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara de Diputados, puedo afirmar que la propuesta para crear una Guardia Nacional sí implica la constitucionalización de la militarización del país".
Igualmente argumentó que con la aprobación para que se cree esta Institución, se corre el riesgo de que aumenten las violaciones a los derechos humanos: cuando las fuerzas civiles incurren en estas conductas están infringiendo los procedimientos para los que fueron entrenadas; en cambio, cuando lo hacen elementos castrenses, están llevando a cabo las acciones para las que fueron entrenados en situaciones de conflicto violento.
También Salazar Ugarte manifestó: "Por lo mismo, muchos estudios académicos han demostrado que cuando intervienen las fuerzas militares en tareas de seguridad aumentan los muertos y desaparecidos frente a los detenidos y procesados.
Añadió que las fuerzas armadas van ganando poder, recursos y control territorial, y en la lógica elemental no será fácil el retorno a los cuarteles, por ello, dijo que una de las vías para poder garantizar la seguridad es reglamentar el artículo 29 constitucional.
Durante su intervención, Alejandro Madrazo Alejandro Lajous, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expreso que la propuesta para crear la Guardia Nacional debilita la Constitución.
Hizo notar que: "Lo que está en juego, creo, es que lo que se ha propuesto como una cuarta transformación sea, como todos, espero deseamos que sea, la consolidación de un Estado en el que la democracia, la paz social y los derechos humanos de todas y todos se concatenen o a pesar de la voluntad de sus promotores, observadores y destinatarios termine por sentar las bases de un ominoso e indeseado, pero siempre posible, cambio de régimen".
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