Exige el Congreso dejar sin efecto la ampliación de mandato en Baja California

Exige el Congreso dejar sin efecto la

ampliación de mandato en Baja California

*Senadores y diputados piden garantizar el orden constitucional y respetar el Pacto Federal.

José Francisco Montaño

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un Punto de Acuerdo contra el decreto por el cual se pretende ampliar el periodo del ejercicio del Ejecutivo de Baja California, a partir del primero de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2024, en beneficio del gobernador electo Jaime Bonilla. Situación con la que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, convertido en la consciencia de Morena, no están de acuerdo.

Senadores y diputados federales hicieron un llamado al Congreso y a los ayuntamientos de esa entidad para dejar sin efecto del decreto 112 de reformas a la Constitución Política local, aprobado el 8 de julio de 2019.

En un pronunciamiento avalado en la sesión de este 17 de julio, los legisladores solicitaron que se realicen las acciones correspondientes, de acuerdo con las Cartas Magnas de nuestro país y de Baja California, para garantizar el orden constitucional y el respeto al Pacto Federal.

El senador Antonio García Conejo, del PRD, advirtió que la reforma aprobada por la XXII Legislatura de Baja California atenta contra el Estado Derecho, la legitimidad e integridad del proceso electoral y de las instituciones democráticas.

Por su parte, el diputado Carlos Alberto Puente Salas adelantó que el PVEM impulsará una acción de inconstitucionalidad en caso que se publique y entre en vigor la reforma, promoverá un juicio político a los legisladores locales y a los magistrados el Tribunal Electoral del estado, así como la posibilidad de desaparecer los órganos jurisdiccionales electorales locales.

María Rosete Sánchez, diputada del Partido Encuentro Social, dijo que la aprobación de ese decreto, además de "una aberración jurídica con la anuencia del Gobernador", es un fraude electoral porque los ciudadanos votaron por un encargo de dos años. 

La senadora Nancy de la Sierra Arámburu, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que esa sucia maniobra aumenta la desconfianza ciudadana hacia los legisladores, pues podrían suponer que se puedan cambiar las reglas del juego en cualquier momento y a su conveniencia, ignorando la voluntad del electorado.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, dijo que no hay forma de defender la ampliación del mandato del gobernador de Baja California. Significa una violación a diversos principios constitucionales. En un país con una larga historia de fraudes electorales, privilegios y acumulación del poder, significa apostar por una regresión autoritaria.

La diputada Dulce María Sauri Riancho destacó que el Grupo Parlamentario del PRI confía que este Punto de Acuerdo contribuya a que regrese la razón y la prudencia política a Baja California. "No hay amistad que valga cuando se trata del orden constitucional y de respeto al Estado de derecho. Si la boleta dice dos años esos serán, si dice seis también", detalló.

Por parte del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Lizbeth Mata Lozano subrayó que el acto realizado por el Congreso de Baja California es la antítesis de la democracia. Es a todas luces ilegal, inconstitucional y antidemocrático. Este precedente, dijo, no debemos permitir que suceda porque es un peligro, no sólo para esa entidad sino para el país.  

El diputado Raúl Bonifaz Moedano, de Morena, dijo que ampliar el mandato del gobernador de esa entidad va en contra del Pacto Federal. Por ello, la fracción parlamentaria a la que pertenece hizo un exhorto de prudencia y sensatez. De presentarse una controversia constitucional Morena lo respaldaría, señaló.

Ley Bonilla

El analista electoral Fernando Díaz Naranjo destaca que Baja California fue una de las seis entidades que éste año celebraron elecciones y que llamaron fuertemente la atención por, al menos dos factores importantes. Por un lado, que el PAN perdiera la gubernatura luego de 30 años o, dicho de otra forma, después de ser gobernada por seis mandatarios emanados de las filas del panismo desde 1989. Por otro lado, el triunfo de la Coalición encabezada por Morena quien ganó la elección con poco más del 50% de los sufragios por encima del 23% que obtuviera el PAN, con su candidato Oscar Vega Marín.

Aquí, es importante referir que en 2014 el Congreso de dicho estado había aprobado una reforma constitucional que indicaba que quien resultara electo en la contienda para el cargo del ejecutivo local de 2019, iniciaría funciones el primero de noviembre y concluiría su mandato el 31 de octubre de 2021, es decir, su mandato sería de dos años.

Consecuentemente, el Organismo Público Local (OPLE) del estado emitió la convocatoria pública para la elección del ejecutivo local que, entre otros aspectos, en las disposiciones específicas para los cargos a elegir, señaló claramente que la gubernatura del estado tendría un periodo constitucional de dos años.

Estas disposiciones fueron impugnadas ante el tribunal electoral local quien, a 100 días de la elección determinó que el OPLE emitiera una nueva convocatoria para establecer que el periodo de la convocatoria se ampliaría. En el mismo sentido, el ya candidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia por Baja California", Jaime Bonilla impugnó el periodo establecido de dos años.

El asunto llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, como máxima autoridad jurisdiccional en la materia, resolvería por unanimidad que el próximo periodo de la gubernatura duraría dos años echando por la borda tanto lo resuelto por el tribunal electoral local como por lo interpuesto por el entonces candidato de Morena Jaime Bonilla.

Sentados estos precedentes, la población asistió a las urnas a emitir su sufragio conociendo anticipadamente que, para el caso de la elección del ejecutivo local, su periodo abarcaría dos años.

Sin embargo y a pesar de que Jaime Bonilla de Morena obtiene el triunfo como ya lo referimos por un periodo de dos años, el Congreso del estado modificó el decreto por el cual se establecía dicho periodo de dos años para ampliarlo a 5 años y concluir así su gestión en 2024.

La respuesta de diversos actores políticos no se hizo esperar. Entre otros posicionamientos destacan el de la COPARMEX que indicó que se ampararía en contra de la reforma constitucional que amplía el periodo de Jaime Bonilla.

Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas consideró que el Congreso de Baja California deja un antecedente muy grave, ya que consideró que a "cualquier estado se le va a ocurrir ampliar cualquier periodo de cualquier funcionario electo".

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se pronunció por la desaparición de poderes en Baja California, aunque advirtió que el costo es la posible inhabilitación del gobernador electo, Jaime Bonilla.

Incluso los árbitros electorales, como la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, afirmaría que la reforma que prolonga de dos a cinco años el próximo periodo a la gubernatura de Baja California violenta diversas reglas del proceso electoral y genera una ruptura del orden constitucional.

Por su parte, los partidos políticos que acompañaron la iniciativa de Morena, han anunciado medidas severas en contra de sus legisladores que votaron por la ahora llamada "Ley Bonilla".

Asimismo, y muy probablemente, serán interpuestos sendos medios de impugnación que van desde los alegatos que indican la inconstitucionalidad de la reforma que sería interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por recursos que, en su caso, se interpongan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta amparos promovidos por ciudadanos que pudieran sentirse agraviados con dicha reforma.

Ahora bien, independientemente de lo que resuelvan las instancias jurisdiccionales, me parece que tenemos un panorama muy preocupante y crítico por muchas razones y que expongo solo algunas:

Con lo aprobado por el Congreso de Baja California, se está dando un duro golpe a la voluntad ciudadana manifestada en las urnas bajo un marco de derecho.

Nos parece que hay elementos suficientes para afirmar que el marco constitucional es violentado.

Con la decisión tomada por el Congreso del estado, se sienta un pésimo precedente que, inclusive, pudiera ser extensivos, si así fuere el caso, para que, inclusive, un presidente de la República, pueda extender su mandato porque así lo quiso la población, tal y como lo manifestara Yeidckol Polevnsky, al indicar que la "ampliación de la gubernatura obedece a petición de los ciudadanos."

Si seguimos por este camino, no sólo estaríamos violentando el estado de derecho, sino también sentaríamos un precedente que refleje el no respeto al principal ingrediente de un sistema democrático: su población.