Invertirá Slim más de $100
mil millones en infraestructura
*El empresario Carlos Slim pidió que para el próximo año se dé un incremento "de manera sustancial" a los salario mínimos para impulsar el consumo.
De acuerdo con el empresario Carlos Slim Helú hay confianza para invertir en México en todos los rubros y en los que el sector privado no ha canalizado recursos falta demanda por los bienes o servicios que ofrecen.
En conferencia de prensa, el presidente vitalicio de Grupo Carso anunció que a lo largo de este sexenio sus empresas prevén invertir más de 100 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura. No hay un freno... Hay muchos proyectos y hay mucho dinero. Hay que encauzar los recursos, hay mucha liquidez financiera, externó.
A reserva de los fallos en las licitaciones en el Tren Maya y en el Corredor Interocéanico, sobre todo en el primero, donde ratificó que tiene interés de participar en el tramo de Coatzacoalcos a Mérida, hay otros proyectos en marcha. Se tienen contempladas inversiones por entre 72 mil y 74 mil millones de pesos en recursos para proyectos de telecomunicaciones, inmobiliarias y de energía.
En telecomunicación vamos a invertir 40 mil millones de pesos; en inmuebles de 12 a 14 mil, depende del mercado; en Carso Energy tenemos un pendiente del orden de 20 mil (milllones de pesos), sostuvo sin aclarar el plazo para aplicar dichos recursos.
La baja en inversión y una economía que no crecerá este año fueron algunos de los temas que refirió el magnate, pero a pregunta de ¿cuál era su opinión sobre la gestión del actual gobierno?, zanjó: yo no soy calificador del Presidente.
Dijo estar de acuerdo con el mandatario en el combate a la corrupción, la reducción del gasto corriente y la operación de un gobierno austero. Enfatizó las políticas oficiales que tienen por objetivo impulsar el sureste del país, aspecto que el empresario recalcó como muy importante, muy urgente e indispensable para Grupo Carso.
Pese a ello, ratificó: No va a haber crecimiento en el país. Bajó el consumo público, el privado y la inversión, enumeró. Como contrapunto, el avance moderado de la inflación y el alza salarial de 16 por ciento en enero pasado ha hecho que se recupere el poder adquisitivos. Llamó a que el próximo año se dé un incremento nuevo de manera sustancial en el salario mínimo.
Lo que se requiere es mayor consumo
Sobre la falta de confianza que puedan generar algunas de las políticas que impulsa la actual administración, sobre todo las mayores penas a empresas que se líen con factureras y la baja de crecimiento, evaluó que estos aspectos no pesan tanto en la inversión como un país con bajo consumo.
¿La confianza de qué, en qué, en quién?, preguntó el empresario. Dijo que hay tres tipos de inversiones: del mercado, de las empresas y la inversión pública. Recalcó que sólo en la primera es importante que haya confianza. Los hechos exhiben que la hay por la estabilidad monetaria, porque hay una inflación contenida, políticas públicas sanas y una buena tasa de interés.
En la inversión de gobierno para obra pública dijo que lo ideal es que sea en infraestructura y al respecto algo ha avanzado la Secretaría de Hacienda. A ello se suma a una banca líquida tanto en México como en el extranjero, que busca proyectos para financiar. Y en un entorno de tasas negativas en varias partes del mundo México adquiere mayor atractivo.
Tiene que haber crecimiento económico para que haya desarrollo, y para que haya desarrollo ¿qué se necesita?, inversión, condicionó. Lo que necesita el país es inversión (...) ¿cuándo vamos a reanudar el crecimiento?, va a depender de cuánto invirtamos y qué tan rápido. Hay los proyectos y los recursos, y cuando esos proyectos estén trabajando y generen empleos va a generar demanda por consumo, resumió.
Foto. El empresario Carlos Slim Helú.
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COPARMEX le revira a AMLO que
no defienden a factureras falsas
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que no actúa como sector de un partido político o que sea complaciente o estar en favor de las empresas que emiten facturas falsas.
"Nuestra oposición a las empresas factureras ha quedado fehacientemente acreditada en posicionamientos públicos y ratificada en diversos foros, donde se ha reiterado la relevancia de su erradicación por dañar las finanzas públicas y ser una competencia desleal para las empresas formales", expuso el organismo dirigido por Gustavo de Hoyos a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El organismo patronal argumentó en sus 90 años de historia ha impulsado la democracia liberal, la economía de mercado, la legalidad y la responsabilidad social, al ejercer y promover la libertad y participación activa en la agenda pública y rechazar cualquier tipo de censura.
Refirió que al igual que los demás organismos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismos especializados y colegios de profesionistas, "hemos coincidido en una postura común sobre los riesgos que tienen los cambios al marco normativo que ponen en riesgo y deterioran la certidumbre jurídica de los contribuyentes e inversionistas".
El vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco- Servitur, Juan Carlos Pérez Góngora, solicitó vetar el dictamen sobre la iniciativa fiscal en materia de combate a las empresas factureras, porque tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada.
En una misiva dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, Pérez Góngora solicitó que "ejerza su derecho de veto regresando al Congreso de la Unión la iniciativa, para que se hagan las correcciones pertinentes y rectifiquen este gravísimo error".
A nombre de los empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur México), aseguró que con la aprobación de esta reforma, impulsada por legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), "los empresarios nos sentimos engañados" porque la enmienda ésta "encaminada al terrorismo y acoso fiscal".
Señaló que autoridades federales les habían asegurado que "la ley no iría en contra de los contribuyentes, sino que iba por los factureros y evasores fiscales" y no al contrario.
Foto. Gustavo Hoyos, presidente de la COPARMEX.
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Breves
1.- Leopoldo Vicente Melchi García,
nuevo presidente de la CRE
Luego de dos rondas de votación, el pleno del Senado eligió como presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a Leopoldo Vicente Melchi García.
En la primera ronda no se alcanzó la mayoría calificada, ya que Morena buscaba que se eligiera a María del Rosío Vargas Suárez, pero el PAN, parte del PRI y MC la impugnaron, con el argumento de que fue asesora del senador Manuel Barlett en la pasada legislatura y ahora "puede quedar sojuzgada ante el titular de la CFE".
Desde que se aprobó el dictamen de idoneidad en el pleno, el PAN, en voz del senador Julen Rementería, dejó claro en el pleno que su bancada no votaría a favor de María del Rosío Vargas Suárez, porque "fue asesora del ahora titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando Barlett coordinó la bancada del PT en la 63 legislatura. No habrá independencia y lo que este órgano requiere, la CRE, es independencia, que no se garantiza con la candidata".
En la primera votación María del Rosío Vargas obtuvo 54 votos; Vicente Melchi, 58, y Alfonso López, cero votos. En la segunda ronda María del Rosío obtuvo 11 votos; Vicente Melchi, 95; Alfonso López, cero, y hubo cuatro votos nulos.
Esta tarde en la sesión, el presidente de la CRE, Vicente Melchi, rindió protesta y permanecerá en el cargo hasta diciembre de 2022.
2.- México debe mejorar políticas
para el sector privado: FMI
México no es ajeno a la menor tendencia de crecimiento en todo el mundo, pero requiere insistir en políticas enfocadas a favorecer al sector privado, consideró Kristalina Georgieva, la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"El compromiso del país, proyectado a través del presupuesto para el próximo año, es continuar con políticas amigables con el crecimiento del sector privado y más de éstas deben realizarse", llamó en el marco de las reuniones de otoño del Banco Mundial y el FMI, que se llevan a cabo en Washington.
El organismo recortó recientemente su estimado de crecimiento para el país, a 0.4 por ciento, en 2020 se estima que el producto interno bruto (PIB) se expanda 1.3 por ciento, producto de una alta incertidumbre política y los subejercicios de gasto público acumulados en el país.
Georgieva recalcó que en el Fondo están "muy cercanos a los riesgos que la economía (mexicana) está enfrentando", pero aún cuenta con el respaldo de la línea de crédito flexible por hasta 74 mil millones de dólares que fue renovada este octubre.
"Este es un amortiguador que está justo ahí para proteger contras esos altos riesgos que vemos hoy en día", asentó la directora gerente. Consideró que si bien eventualmente dicha línea de crédito serán innecesaria "aún no se está en ese punto". "La discusión actual es más sobre el tamaño de este amortiguador que se provee a México", abundó.
3.- Sin reflejarse impuestos de comida
'chatarra' en sector salud: ANPEC
Los más de 200 mil millones de pesos que el gobierno federal ha recaudado en los últimos 5 años con el impuesto especial para productos y servicios (IEPS) a refrescos y alimentos con alto contenido calórico (dulces, chocolates o pastelillos) no se han reflejado en el presupuesto para el sector salud, aseveró la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
"El IEPS ha mostrado ser una medida exitosa para la recaudación, superando las expectativas notablemente, lo que confirma también que el consumo de estos productos no sólo se ha mantenido, sino que ha ido en aumento", puntualizó la organización.
Se pronunció en contra de que aumente más el gravamen, como se contempla en la miscelánea fiscal 2020 para los refrescos y cigarros, dos de los principales productos que venden las tiendas de abarrotes a las cuales representa la organización.
El IEPS comenzó a aplicarse en 2014 a bebidas y alimentos azucarados o con alto contenido calórico, cuando entró en vigor la reforma fiscal promovida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el argumento de abatir el sobrepeso y la obesidad que aqueja a la mayor parte de la población y que repercute en el gasto de recursos públicos.
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