José Francisco Montaño
El Pleno del Senado aprobó, por 71 votos a favor y siete en contra, un dictamen que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para incluir el robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, en el catálogo de delitos de delincuencia organizada.
Lo anterior, debido a la alta incidencia de este delito, sus violentas formas de comisión, por su organización y estructura para perpetrarlo, los riesgos y amenaza a la integridad de las personas que se trasladan por carretera, así como el impacto negativo y pérdidas económicas que genera en el sector público, privado y en los diferentes procesos económicos.
El documento precisa que el autotransporte es un sector de gran relevancia para cualquier economía. Esta actividad contribuye con el 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, además de que genera seis millones de empleos directo e indirectos anuales.
Se refiere que según datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en México, el robo con violencia se detonó al pasar de 5 mil192 eventos durante 2015, a 9 mil 35 casos en 2017, lo que representó un crecimiento de 74 por ciento.
Por ello, es fundamental que el robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje, turismo o transporte privado, sea investigado por el Ministerio Público, como delincuencia organizada, debido a la estructura y organización con la cual se perpetra.
Al respecto, el senador de Morena, José Alejandro Peña Villa, dijo que este delito es parte de la actuación del crimen organizado a lo largo del país. Precisó que para diciembre de 2018 había un total de 12 mil 206 robos a autotransporte de carga, de los cuales 10 mil 371 fueron con violencia. Por ello, esta reforma dotará a las autoridades de instrumentos que le permitan hacer frente a este delito.
En tribuna, la senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, dijo que se debe catalogar a la delincuencia organizada como un problema de seguridad nacional. Esta propuesta, expresó, responde a una demanda social y significa una señal de disposición para combatir este crimen que tanto daño le hace al país.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, señaló que incrementar las penas es un error que repite fórmulas de gobiernos anteriores. Esta doctrina se conoce como "populismo punitivo". No se está cambiando el modelo de seguridad, esta reforma es parte de ese "modelo equivocado", subrayó.
En tanto, la senadora del PRI, Verónica Martínez García indicó que a través de esta reforma se brindan herramientas a las autoridades para hacerle frente al robo de autotransporte. Debemos implementar las medidas necesarias, para alcanzar la seguridad y el desarrollo del país, puntualizó.
Por su parte, el senador Damián Zepeda, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se pronunció en contra de la iniciativa, al considerar que viola los derechos humanos. Es una contrarreforma al sistema de justicia panal y a la presunción de inocencia, apuntó. Lo que se requiere, dijo, es una mejor investigación y fortalecer a la Fiscalía General.
Del Partido del Trabajo, el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, afirmó que el combate a este delito es una preocupación permanente de su bancada, por lo que llamó a no permitir que la litis de amparos siga dejando en libertad a quien asalta al transporte de carga. Más del 85 por ciento de las mercancías en México, subrayó, se transportan en las carreteras y vías férreas.
Al pronunciarse en favor del dictamen, el senador de Morena, Ricardo Moreno Bastida, manifestó que se necesitan mejores instrumentos de investigación para que las autoridades puedan actuar contra las mafias, incluso antes de que se cometan los delitos.
La senadora del PAN, Kenia López Rabadán pidió que se busque la coordinación de policías de los tres niveles de gobierno, con canales de comunicación que garanticen resultados. Implementar políticas, pero sin violentar la presunción de inocencia como hoy se pretende hacer, concluyó.
Al anunciar su voto a favor, el senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, expresó que esta reforma constituirá una herramienta disuasiva y operativa, que apoyará a la autoridad en el combate a la delincuencia. Con ella, agregó, se podrá proteger a la población y empresas "justo en una situación como la que vive el país en términos de violencia y delincuencia".
A propuesta de los senadores Miguel Ángel Macera, del PRD, y Verónica Martínez García, del PRI, se modificó el dictamen para incluir al transporte ferroviario, debido a que éste no se contemplaba en el documento original.
De la misma manera, el Pleno respaldó su planteamiento para precisar las causas que son agravantes para este tipo de delito. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados.
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