José Francisco Montaño
Ante comisiones del Senado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que la estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar probó ya sus límites y generó decepciones, por lo que el actual gobierno lleva a cabo un proceso para cambiar radicalmente ese modelo por otro que rinda frutos paulatinamente.
El funcionario federal se presentó ante la Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno.
Al inició de su exposición inicial, Durazo Montaño entregó a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, un documento con los avances actualizados de las investigaciones sobre los acontecimientos ocurridos en Culiacán, Sinaloa.
El Secretario dijo que por el peso histórico que tiene este caso, el país merece la verdad. No informar sería menospreciar dos fundamentos propios de la Cuarta Transformación: transparencia y verdad. Aseguró que decir las cosas con transparencia es sólo posible "porque no tenemos nada que ocultar".
Aclaró que la información parcial que al principio se expuso correspondió a la que se tenía disponible en ese momento. Los hechos cambiantes modificaron los datos proporcionados a la opinión pública, pero jamás hubo dolo, pues la prioridad en ese momento era la decisión que a tomar para evitar que aquello se convirtiera en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente.
Reconoció que después de lo ocurrido en Culiacán están obligados a revisar y ajustar protocolos de actuación. Sin embargo, subrayó, lo que está en el fondo es el debate sobre dos visiones distintas: la de quienes quieren combatir a la delincuencia organizada a toda costa, caiga quien caiga, y "la de quienes pensamos que ya fue suficiente el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos".
Expuso que la estrategia que se aplicó en sexenios anteriores no registró logros relevantes. Se detuvieron tantos objetivos prioritarios como se propusieron y se incrementaron el uso de la fuerza y los presupuestos, pero la inseguridad creció exponencialmente.
Decimos, con todo respeto, a quienes proponen el uso indiscriminado de la fuerza pública que son muy altos los riesgos de la represión como método de la acción del Estado. Ahora, hemos dejado atrás los tiempos en que la letalidad indiscriminada, el daño colateral, y la falta de respeto a los derechos humanos fueron moneda corriente, subrayó.
Alfonso Durazo comentó los niveles de violencia no tienen su origen exclusivamente en las deficiencias de los aparatos y las policías de seguridad, sino que son la suma de todas las fallas estructurales del modelo político, económico y social. Como servidores públicos del más alto nivel administrativo y político, no podemos permitirnos fingir que el problema es sencillo, expresó.
Por eso, agregó, hemos plantado cambiar radicalmente el modelo de coerción policial-militar de carácter puramente reactivo, por una política de visión amplia y profunda basada en un concepto integral de seguridad y centrada en el imperativo de que, por encima de todo, está el ser humano, su vida, patrimonio, bienestar social y las oportunidades para lograr su sano desarrollo.
Asimismo, agregó, para defender la dignidad e integridad de las personas, evitar el uso de la violencia y el derramamiento de sangre por todos los medios posibles y trabajar para que nadie se vea obligado a delinquir por falta de oportunidades. Estos son ahora imperativos éticos en el ámbito de la seguridad para el gobierno de la Cuarta Transformación.
Explicó que el gobierno de México instrumenta una estrategia de seguridad que rendirá frutos paulatinamente. Sintetizó los puntos relevantes de este plan: combate a la corrupción, a las causas profundas que generan la inseguridad, capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad, mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus integrantes, Creación d la Guardia Nacional, uso de la inteligencia policial y financiera, para combatir la fortaleza de las organizaciones criminales.
Refirió que la estructura de la Guardia Nacional ya está desplegada a nivel nacional y cuenta en este momento con 72 mil elementos y se espera que a fin de años asciendan a 92 mil. Estimó que en 2021, los integrantes de este cuerpo de seguridad se incremente a 140 mil.
Indicó que se han presentado 544 denuncias que involucran a mil 995 personas físicas y morales por lavado de dinero, se han congelado cuentas por 5 mil 160 millones de pesos y 47 millones dólares. Destacó que no hay precedente en la historia del país sobre resultados de esta naturaleza.
Acompañaron a Alfonso Durazo durante su comparecencia, el secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz; Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor Secretaría de la Defensa Nacional; Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
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