Juez determina que Rosario Robles continúe en prisión
*La FGR aportó nuevos datos que revelaron 30 viajes nacionales e internacionales de Robles.
Lino Calderón
La extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles deberá permanecer recluida en el penal de Santa Martha, según lo dictaminado por el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos.
Durante su audiencia de ayer, que se prolongó por más de nueve horas, el impartidos de justicia consideró que la exfuncionaria cayó en contradicciones, además de que cuenta con los recursos suficientes para sustraerse de la acción de la justicia.
Pese a los nuevos datos de prueba aportados este miércoles por la defensa, las condiciones de riesgo de fuga que se detectaron al momento de imponerle la medida cautelar no han cambiado.
Además, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó también nuevos datos que revelaron 30 viajes nacionales e internacionales de Robles entre 2018 y 2019, 11 de los cuales hizo cuando ya no era secretaría de Estado y en los cuales gastó cerca de 507 mil pesos.
Al hacer uso de la palabra, Robles admitió por primera vez en este proceso que sí habitó en los domicilios de Reforma 222 y de Tennyson 232, pero sostuvo que alquiló dichos departamentos para poder llegar más fácilmente a su lugar de trabajo.
"Renté para estar cerca de mi trabajo, otros se van a Palacio Nacional, yo renté para cumplir cabalmente mis funciones", dijo.
La defensa, pidió que se le impusiera la prisión domiciliaria, e incluso, ofreció pagar un brazalete electrónico para estar siempre localizabas, no obstante, la propuesta ni siquiera fue tomada en cuenta.
Por lo que, tras deliberar, el juez consideró que no hay elementos novedosos para modificar la medida cautelar contra la exfuncionaria, por lo cual esta deberá permanecer reclusa.
A la diligencia acudió un nuevo abogado defensor, Epigmenio Mendienta Valdéz en sustitución de Julio Hernández Barros, quien anunció que dejaba esta responsabilidad en un escrito presentado ante el juez.
Rosario Robles está acusada por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Según la FGR, no evitó o denunció un desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando fue secretaria de Estado en la administración de Enrique Peña Nieto.
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