La estabilidad del gobierno de Trudeau amenazada por nuevo escándalo ético
El escándalo de la concesión a dedo de un contrato a una organización sin ánimo de lucro vinculada al Partido Liberal cobró este jueves más fuerza con la petición de la oposición de que el ministro de Finanzas, Bill Morneau, dimita, lo que amenaza el cargo del primer ministro, Justin Trudeau, que gobierno en minoría y que podría caer si se presenta una moción de censura.
El Partido Conservador, el principal de la oposición, solicitó hoy la dimisión de Morneau tras saberse que la organización sin ánimo de lucro WE Charity pagó a la familia del ministro de Finanzas más de 41 mil dólares canadienses (30 mil 600 dólares estadunidenses) en viajes.
El diputado conservador Michael Cooper declaró hoy durante una rueda de prensa en Ottawa que "es el momento de que el ministro de Finanzas haga lo único que puede hacer, dimitir como ministro. Lo que ayer fue revelado en el comité es asombroso. La gravedad de lo que ayer admitió el ministro no puede ser menospreciada", agregó.
De forma inesperada, Morneau reveló este miércoles el pago a la vez que anunció la devolución del dinero a WE Charity. La organización, que trabaja en el desarrollo de oportunidades para jóvenes, invitó a la familia de Morneau a visitar proyectos que tienen en Ecuador y Kenia y pagó los costes de su viaje, lo que supone un conflicto de interés.
Las normas de conflicto de interés en Canadá impiden que los miembros del gobierno y otros funcionarios, o sus familiares, reciban regalos que pueden ser interpretados como una forma de influencia sobre esa persona. Además, se tiene que informar de los regalos los días siguientes a su recepción, algo que Morneau no hizo porque los viajes se realizaron en 2017.
La revelación es la última en el creciente escándalo que se inició cuando el gobierno de Trudeau concedió a dedo a WE Charity, en el marco del programa para aliviar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, un contrato de 900 millones de dólares canadienses (672 millones de dólares estadunidenses) para ofrecer oportunidades de trabajo a jóvenes en Canadá.
WE Charity es una organización creada por Craig Kielburger, un conocido activista que a los 13 años de edad fundó Free the Children para luchar contra el trabajo infantil forzado en los países en desarrollo y que cuenta con amplios contactos en el gobernante Partido Liberal de Canadá.
Pero tras la concesión del contrato a WE Charity se supo que la madre, el hermano y la esposa de Trudeau han recibido centenares de miles de dólares para participar en eventos de la organización y que una de las hijas de Morneau también trabaja para ella.
A pesar de estos vínculos directos, ni Trudeau ni Morneau se recusaron cuando el gabinete canadiense decidió conceder a WE Charity, sin competición, el jugoso contrato para gestionar el programa, contrato que fue cancelado cuando el escándalo ocupó las portadas de los periódicos canadienses.
La implicación de Trudeau ha provocado que el comisionado de Ética del Parlamento canadiense, Mario Dion, inicie una investigación para determinar si el primer ministro violó las normas sobre conflictos de intereses dada la relación de WE Charity con su familia.
El problema para Trudeau es que es la tercera investigación que el comisionado de Ética realiza sobre las actuaciones del primer ministro. Ningún otro gobernante canadiense ha tenido tantas investigaciones.
Y lo que es peor, las dos investigaciones iniciales concluyeron con el dictamen de que Trudeau violó las normas cuando el primer ministro aceptó un viaje pagado por el Aga Khan a la isla privada que el líder de los musulmanes ismaelitas tiene en el Caribe y por ejercer presiones para favorecer a SNC-Lavalin, una de las constructoras más importantes del país.
El escándalo puede explotar definitivamente la próxima semana, cuando Trudeau testifique ante el comité de Finanzas de la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense para explicar la concesión del contrato a WE Charity.
Trudeau tendrá que convencer a la oposición que todo el embrollo ha sido un error y evitar una posible moción de censura que podría derribar su Gobierno, ya que el Partido Liberal está en minoría en el Parlamento y sólo controla 156 de los 338 escaños de la Cámara Baja.
Pie de foto.- Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.
Juez autoriza salida de prisión del exabogado de Trump tras respaldar sus alegaciones de venganza
Un juez federal de EU ordenó la salida de prisión de Michael Cohen, el exabogado del presidente Donald Trump, argumentando que la decisión del departamento de Justicia hace unos días de regresarlo a la cárcel fue una venganza porque Cohen está escribiendo un libro sobre su exjefe.
El juez Alvin Hellerstein argumentó que Cohen debe salir de prisión antes de la tarde de este viernes (hoy), donde se encuentra en régimen de confinamiento solitario desde que regresó al penal el 9 de julio. Después, se someterá a arresto domiciliario en su casa en Manhattan, Nueva York.
Cohen había salido de prisión en mayo cuando el sistema de prisiones de EU autorizó un gran número de salidas debido a la pandemia. Sin embargo, regresó el 9 de julio, y sus abogados argumentaron que la decisión de arrestarlo fue resultado de los planes de su cliente de escribir un libro sobre la experiencia de Cohen trabajando durante años para Donald Trump.
"Creo que la decisión de transferir al señor Cohen del confinamiento domiciliario a prisión es una venganza por su deseo de ejercer su derecho a la Primera Enmienda y publicar un libro" sobre Trump, escribió Hellerstein.
El magistrado rechazó los argumentos de la fiscalía de Manhattan, que defendió que el re-encarcelamiento de Cohen se debió a que este se enfrentó durante una reunión a un agente de libertad condicional encargado de su caso.
Cohen cumple una sentencia de 36 meses por haberse declarado culpable de financiamiento irregular de la campaña de Trump por los pagos ilegítimos a dos mujeres para que callaran sobre sus aventuras sexuales con el entonces candidato republicano.
Pie de foto.- Michael Cohen seguirá cumpliendo condena en arresto domiciliario.
BREVES
1.-China cierra mercados de marisco tras más casos de COVID-19
Las autoridades de la ciudad nororiental china de Dalian han cerrado los mercados de marisco y suspendido algunos servicios de metro después de que se detectasen al menos tres casos de COVID-19, informó la prensa oficial. Según el rotativo estatal Global Times, el primero de los contagios, detectado este miércoles, es un empleado de 58 años que comenzó a mostrar síntomas el pasado 16 de julio, y del que se apunta que trabaja en una planta de procesado de marisco de la compañía Dalian Kaiyang.
A poco más de tres kilómetros de esa fábrica se encuentra el mercado de Liaoyu, que ha sido cerrado y cuyos vendedores, cuenta con unos mil puestos repartidos en 12 mil metros cuadrados, han sido todos sometidos a pruebas del coronavirus. El primer brote conocido a nivel mundial de la COVID-19, el de Wuhan, también comenzó a finales de diciembre en un mercado de pescado y marisco de la ciudad, aunque posteriormente se informó de que en él no solo se vendían esos productos, sino que también se podían consumir animales exóticos ilegales.
Asimismo, se cerró temporalmente la parada de Dalian Bay en la línea 3 del metro local, que el hombre usaba a diario para viajar desde su casa al trabajo. No obstante, las autoridades todavía no han confirmado si el paciente se contagió a través de los productos que manipulaba en la cadena de frío. La agencia oficial Xinhua informó de otros dos nuevos casos confirmados este jueves, a los que se suman doce asintomáticos -que China no incluye en el balance de contagios-, por lo que se ha iniciado una investigación sobre los contactos cercanos del primer infectado.
2.- Alcaldes demócratas critican el despliegue de agentes federales
Diversos alcaldes demócratas criticaron la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar a tropas de varias agencias federales a ciudades del país para, según la Casa Blanca, combatir la "ola" de violencia criminal en varias ciudades del país.
La primera de estas ciudades fue, ya hace más de una semana, Portland, en Oregón, donde imágenes de agentes vestidos de camuflaje sin identificación deteniendo a manifestantes y subiéndolos a camionetas sin insignias desataron la indignación y la alarma en el país.
Entre las siguientes ciudades que deberán recibir a estas polémicas tropas se encuentran Chicago (Illinois) y Albuquerque (Nuevo México), pero la Casa Blanca apuntó ayer que a ellas se sumarán otras como Detroit y Cleveland en las próximas semanas.
La medida ha sido bautizada como "Operación Legend" en honor de LeGend Taliferro, un niño de cuatro años, muerto por disparos en Kansas City en junio.
"Si esto fuese más que un truco, estos políticos apoyarían los esfuerzos constitucionales para luchar contra el crimen que funciona en nuestra comunidad, no convertir Albuquerque en un estado controlado por la policía federal", replicó Tim Keller, alcalde de esa ciudad de Nuevo México.
3.- Dan dos años de cárcel a exguardia de campo de exterminio nazi de 93 años
La justicia alemana cerró con una pena simbólica su proceso tardío contra el exguarda de un campo de exterminio nazi, declarado culpable de complicidad en los 5 mil 232 asesinatos cometidos en el tiempo en que estuvo ahí de servicio, cuando tenía 17 años.
Dey ingresó en el campo en agosto de 1944 y salió en abril de 1945, un mes antes de la capitulación nazi.
Dos años en régimen de libertad vigilada es la pena impuesta por la Audiencia de Hamburgo a Bruno Dey, de 93 años. Una condena que se rige por el código penal aplicable a menores, dada su edad entonces.
Se cerró así el que tal vez será el último proceso por crímenes del Tercer Reich, dada la complejidad que entraña llevar adelante unos juicios dificultados por la avanzada edad de los encausados y de los testigos directos de los cargos que se les imputan.
Para la justicia alemana, rige el principio de que el asesinato no prescribe. 75 años después de la derrota del Tercer Reich, ese principio posibilita sentar ante tribunales a quienes fueron "piezas en el engranaje mortal del aparato nazi", como apunta la sentencia.
La defensa pedía la absolución, mientras que la fiscalía había solicitado tres años. Las muertes imputadas correspondían al periodo en que sirvió Dey en Stutthof, un campo nazi cercano a Gdanks, en la Polonia ocupada, donde según los historiadores murieron asesinados en total 100 mil presos, en su mayoría judíos.
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