Lino Calderón
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que en el caso Ayotzinapa "los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala˝; y que "ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad".
Al participar a través de videoconferencia en el acto que se realiza en Palacio Nacional a seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal de la República señaló en cuanto a lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala "la presencia de los estudiantes fue un coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar.
Refirió que en el informe que elaboró para esta fecha la FGR, y con base en las investigaciones realizadas, "se demuestra que con la matanza que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes, hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos, a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes".
Respecto a la actuación de las autoridades, señaló que tanto a nivel local como federal se tuvo "conocimiento a través del sistema de comunicación C-4" de lo que estaba sucediendo, pero "resulta que con las investigaciones realizadas las cámaras dejaron de funcionar parcialmente" cuando en ellas se debió registrar lo que estaba sucediendo y permitiría identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido, así como también pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a la oficinas públicas y a los centros de justicia de otros lugares donde comenzó la tortura para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial que estaba coludido con las autoridades.
Asimismo, puntualizó que "autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia estatal en Iguala", por lo que dijo que es necesario que integrantes del Poder Judicial de Guerrero rindan cuentas al respecto, "se lo estamos exigiendo y haremos que lo cumplan".
Informó que "en la secuencia cronológica del caso, el Ejecutivo federal para ocultar y encubrir sus corrupciones primero acusó a las autoridades locales, y como eso no le dio el resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso, de esa manera el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado" en cuanto a las acciones en las que los se detuvo y torturó "masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por sus violaciones masivas a los derechos humanos que tenían por objeto encubrir los policías y a las autoridades federales˝.
En cuanto al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), —aunque no mencionó por su nombre a Tomás Zerón—, señaló "se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal, ni respeto a los procedimientos para sostener esa denominada verdad histórica basada en torturas, falsedades e ilegalidades con las que se quiso sepultar la realidad para así eludir su responsabilidades en tales colusiones en un asunto en el que finalmente perdieron el control por su torpeza, por su prepotencia y su mala fe".
Por ello dijo que es importante destacar los delitos cometidos por Zerón de Lucio que "ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión" que se han obtenido en su contra.
Refirió que el ex funcionario "tuvo un pago: él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR, que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución, y con la anuencia de sus superiores como pago por sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policiacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo".
Mencionó que desde el año pasado se descubrió ese desvío de recursos y fue cuando Zerón de Lucio huyó del país y que desde entonces comenzaron las gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá, "pero él inmediatamente huyó a Israel, país al que se le ha pedido todo su apoyo porque sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos, y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa", dijo Gertz Manero.
Por lo que toca al ex titular de la PGR —sin mencionar por su nombre a Jesús Murillo karam—, dijo: "este se convirtió en encubridor y vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles. Mientras patrocinaba procesos que tenían como único destino y como único propósito su fracaso.
"Hay que tener muy presente de todo lo anterior no fue un hecho aislado y sí fue una conducta y una política de gobierno de una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y por la corrupción", y entonces mencionó como parte de esos actos contrarios a la ley lo referente a "la Estafa Maestra que sustrajo más de cinco mil millones de pesos que debían aplicarse en favor de los más necesitados hundiendo las finanzas y la dignidad de muchas universidades públicas del país.
"También fueron los que saquearon y arruinaron a Pemex y a la industria petrolera mexicana, igualmente fueron los que se coludieron con todos los grandes fraudes financieros que hoy se combaten.
"En forma semejante participaron en la entrega masiva de las riquezas de la nación, este caso fue uno de tantos que se cometieron, sin duda el más cruel, el más abusivo, solamente comparable con la matanza nacional que sufrimos por más de una década".
Al retornar el caso Ayotzinapa, expuso: "los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad , los juicios fraudulentos del pasado han sido resueltos en lo posible imputando a quienes los cometieron, que también deben ser castigados.
"Se han obtenido legalmente las 70 órdenes, ya señaladas, de aprehensión de las cuales se han cumplimentado 34, tanto por delincuencia organizada como tortura, se han identificado y detenido a los altos funcionarios de la PGR que fueron los principales operadores de esa mentira histórica y el líder de los narcotraficantes que operó la desaparición se encuentra también en prisión, sujeto a proceso.
"Se han ratificado con toda precisión los peritajes que descalificaron la supuesta quema inmediata masiva y al aire libre del basurero de Cocula, se ha demostrado con toda legalidad que los restos del río San Juan fueron sembrados ilegalmente por los responsables de la investigación y sus auxiliares para ocultar su verdor origen y tratar de justificar lo injustificable, magullando evidencias y encubriendo tanto delitos como a delincuentes".
Puntualizó que "en esta administración y bajo las normas periciales más estrictas y con la comparecencia de padres y testigos independientes se han encontrado en un sitio distinto al basurero los restos de un estudiante desaparecido y su identidad se ha confirmado por la Universidad de Innsbruck.
"También se han hallado otros restos en otros sitios que ya están periciándose en dicha universidad. El delito de desaparición forzada está totalmente acreditado y las judicializaciones, órdenes de aprehensión y confesiones legalmente obtenidas así lo demuestran.
"El delito de delincuencia organizada igualmente se ha probado de manera plena, los delitos ofícieles contra la administración de justicia se han acreditado y el responsable y sus auxiliares están siendo procesados, se ha roto la barrera del encubrimiento y la mentira, ahora conocemos toda la trama y toda la urdimbre criminal que los padres y la población sabían que existía pero que no podían probarlo porque el gobierno estaba en su contra".
Gertz Manero indicó que "la búsqueda —de los 43 normalistas— habrá de continuar hasta donde sea humana y legalmente posible y con ello habremos demostrar nuestro compromiso, que es absoluto y permanente".
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