Protestan en la Suprema Corte padres de los 43 de Ayotzinapa
Lino Calderón
A bordo de 8 autobuses foráneos llegaron familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero al Zócalo de la Ciudad de México.
Son acompañados de estudiantes normalistas de la escuela rural Isidro Burgos de Iguala, Guerrero, quienes realizan una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Exigen que los magistrados impartan decisiones justas y haya justicia para los jóvenes desaparecidos, a unos días de cumplirse un aniversario más de la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero.
Se encuentra cerrada a la vialidad la avenida Pino Suárez con dirección a Izazaga, mientras policías capitalinos realizan cortes a la circulación para agilizar el tránsito en la zona.
Simpatizantes y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi ya 6 años, se manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que el Poder Judicial Federal resuelva los juicios pendientes sobre este caso y deje de liberar a los detenidos.
En un mítin ante el edificio de Pino Suárez 2, Irma Hernández, madre de uno de los desaparecidos, afirmó que " es necesario empujar a la Suprema Corte para que el ministro hable con los jueces".
El representante de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, sostuvo que, aunque el actual gobierno se ha comprometido a resolver el caso, está avanzando lento, pues aún hay obstáculos dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial Federal.
Apuntó que hasta el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto no hubo ni una sola investigación seria y solo se inventó una mentira histórica para proteger a los verdaderos responsables.
A su vez, Felipe de la Cruz, otro de los representantes del movimiento, dijo que a casi seis años siguen esperando que el Poder Judicial cumpla con su trabajo de impartir justicia.
Mencionó como ejemplo el caso de José Ángel Casarrubias, alias el Mochomo, quien fue liberado por una jueza de control, lo que obligó a la FGR a arraigarlo por 80 días para fijarle nuevos cargos.
Exigió la pronta detención de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de desviar las pesquisas del caso falseando pruebas.
También el encarcelamiento y procesamiento de Ángel Aguirre, quien fuera gobernador de Guerrero cuantos estos hechos acontecieron.
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