FGR investiga a Francisco Pelayo Covarrubias candidato
de la coalición PRI, PAN, PRD en Baja California Sur
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una posible asignación de contratos directos a Francisco Pelayo Covarrubias, actual candidato de la coalición PRI, PAN y PRD al gobierno de Baja California Sur.
Pelayo Covarrubias se habría beneficiado cuando su tío Marcos Covarrubias Villaseñor era gobernador del Estado de Baja California y lo apoyara con contratos de obra hasta por 50 millones de pesos.
Pelayo Covarrubias es conocido como el Zar de la Construcción y acumularía capital entre 2011 a 2015 durante la gestión de su tío. En su gobierno habría manejado de manera poco transparente, al menos, 110 millones pesos de distintos fondos.
Pelayo Covarrubias fue diputado federal entre 2012 y 2015, presidente municipal de Comondú, donde tenía un negocio de reciclaje.
En la administración de su tío constituyó las empresas Productos y Derivados de Concreto, y Construmateriales de Baja California Sur.
Con estas fue el principal proveedor del gobierno de estado en el ramo de materiales para la construcción.
La administración del gobernador Carlos Mendoza Davis no realizó ninguna investigación a fondo en torno a la familia Covarrubias por las presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
En su informe de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación documentó una serie de irregularidades en el manejo del presupuesto durante la gubernatura de Marcos Covarrubias.
Entre otras, del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo se realizaron transferencias de recursos en cuentas bancarias en las que no se comprobó que fueran destinados para el objetivo del programa por un monto de casi 49 millones de pesos.
Un daño al erario público por 7 millones de pesos por pagos de obra no ejecutadas del Fondo de Aportaciones Múltiples, 4 millones del subsidio para las entidades federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial en evaluaciones que no se realizaron y un daño de 39 millones de transferencias sin comprobar en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
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