Rebeca Marín
Adecco México quiere que el proceso se extienda hasta finales de año. Anteriormente, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León había pedido una prórroga para el 2022.
Este 24 de abril entró en vigor la reforma a la subcontratación. Uno de los puntos principales es el periodo de 90 días de plazo límite para que las empresas cambien su nómina a los empleados subcontratados.
Hay que recordar que la reforma prohíbe la subcontratación; en cambio, permite la contratación de servicios especializados. Las empresas que ofrezcan estos servicios deben inscribirse en un padrón especial de la STPS que empezó a operar el 24 de mayo.
Sin embargo, para el gobierno federal, la reforma entrará en vigor en 2022. Ante este escenario, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) pidió una prórroga para que la entrada en vigor para las empresas también sea en 2022.
Esta diferencia ya ha tenido consecuencias importantes para la reforma. Al día de hoy, 135 empresas han presentado amparos. Entre las más importantes se encuentran PepsiCo, Sumesa, Siemens, Comercial Mexicana y Mary Kay Services. Además, hay varias pequeñas y medianas empresas dedicadas a la subcontratación. La mayoría de los amparos se derivan de la diferencia en la entrada en vigor para las empresas.
Óscar de la Vega, socio fundador de De la Vega & Martínez Rojas, explicó que la diferencia es un factor discriminatorio. Además, esto podría abrir la puerta a que se otorguen más amparos.
Esta semana, Francisco Martínez, CEO de Adecco México, solicitó otra prórroga a la STPS. En entrevista con Reforma, Martínez dijo que la plataforma del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) tiene problemas técnicos, por lo que hasta el momento solamente ocho mil empresas se han registrado.
Esto es un problema porque actualmente hay más de 100 mil empresas que deberían registrarse si quieren seguir operando. Por otro lado, el empresario dijo que muchas compañías todavía no saben si van a contratar o despedir personal, o tienen dudas sobre otras partes del proceso de registro. Ante este escenario, la prórroga debería extenderse hasta finales de 2021, de acuerdo con Martínez.
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