Martín Aguilar
"Para el gobierno hay avances. Pero para nosotros, como padres y madres, no los hay porque a siete años seguimos sin saber el paradero de nuestros hijos. Necesitamos respuestas".
Quien habla es Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición forzada la noche del 26 de septiembre de 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La mujer, que estuvo presente en el encuentro del viernes en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y otras autoridades, explica que salió de la reunión de casi cuatro horas con una mezcla de emociones.
Por un lado, plantea que, "en comparación con el gobierno pasado, que se dedicó a obstaculizar las investigaciones y a echarnos a la policía encima", la presente administración, al menos, les ha abierto las puertas y el diálogo.
"Todo sigue siendo muy lento y desgastante, pero sí están trabajando", reconoce la mujer.
Pero, por otro lado contrapone de inmediato, el paso del tiempo continúa su curso implacable, y la respuesta a la pregunta de qué fue lo que les sucedió a los 43 estudiantes aquella noche en Iguala, Guerrero, continúa siendo una incógnita que los mantiene viviendo en un calvario permanente y en un desgaste físico y emocional tremendo.
"Son ya siete años sin saber nada de mi hijo y de sus compañeros. Eso es lo más triste hoy para nosotros. Siete años de lucha, de caminar, de protestar… Ha sido un gran desgaste. Cuatro de nuestros compañeros ya no están, se fueron sin tener justicia para sus hijos ni castigo para los culpables", plantea Cristina, que recuerda a doña Minerva, a don Tomás, a don Saúl Bruno, y a don Leonardo Campos. Todos fallecidos.
Además, Cristina asegura que otros padres del grupo ya enfermaron como resultado de tantos años de búsqueda sin resultados claros. Una situación que les está "pegando" mucho en el ánimo.
"Es muy triste ver que se van compañeros sin saber qué les pasó a sus hijos", lamenta Cristina, que, no obstante, asegura: "No nos vamos a rendir hasta encontrarlos, o hasta saber qué pasó realmente aquella noche".
La reunión del pasado viernes en Palacio, en la que también estuvieron presentes el fiscal general Alejandro Gertz Manero, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, fue un encuentro "tenso", donde Cristina Bautista y otros padres de los normalistas expresaron su "insatisfacción" por el ritmo de las investigaciones, a siete años del caso y a tres de que entrara la presente administración, ya en su ecuador.
"Presidente, usted se ha referido al gobierno como un elefante reumático echado, y nosotros vemos que ese elefante sigue siendo la Fiscalía, que no se pone las pilas", reclamó Mario González Contreras, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández.
"Vemos la voluntad de usted, presidente, pero el secretario de la Defensa y el Fiscal general tienen que redoblar esfuerzos, y si no lo hacen, hay que poner a otros", reclamó por su parte doña María Elena Guerrero, madre del joven Giovanni Galindes Guerrero.
López Obrador, por su parte, se mostró "atento" y expresó su "comprensión hacia el dolor de los padres y madres, dijeron fuentes que estuvieron presentes en el encuentro. Aunque respaldó al fiscal de la República, asegurando que la dependencia ha conseguido "avances" significativos.
Por ejemplo, las autoridades expusieron que en el presente gobierno se identificaron plenamente -y científicamente- los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Parte de sus restos fueron hallados en una nueva investigación iniciada en el presente gobierno, y enviados al Instituto de la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde se confirmó que pertenecían al joven normalista.
También se confirmó plenamente la identidad de Jhosivanny Guerrero de la Cruz, tras un nuevo análisis en Innsbruck.
Estos dos casos confirmados se suman al de Alexander Mora Venancio, el primero en ser identificado en 2014.
Otro avance expuesto fue el inicio de procesos penales por delincuencia organizada en contra de elementos de seguridad federales, incluyendo a un capitán del Ejército mexicano y elementos de la Policía Federal, por su relación con el grupo criminal que controlaba la zona de Iguala y que participó en la desaparición de los normalistas. Estas detenciones, apuntaron las autoridades, desmontaría el argumento de la antigua administración de Peña Nieto de que este grupo solo tenía "alcance local".
También destacaron la investigación y el ejercicio de la acción penal por delitos de tortura cometidos en contra de personas involucradas en el caso para que apoyaran "la verdad histórica" de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, misma que, insistieron, "no tiene sustento científico". De hecho, los restos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre no fueron hallados en ese basurero, ni en el río San Juan, sino en otro punto de Cocula conocido como 'Barranca de la Carnicería'.
Además, por el caso Ayotzinapa están bajo proceso dos elementos de la Marina, así como dos elementos de la Policía Federal Ministerial y su antiguo titular, que se encuentra prófugo de la justicia mexicana en el estado de Israel.
"Nosotros, como abogados y defensores de derechos humanos, podemos ponderar que se están dando pasos en la dirección correcta", planteó en entrevista con Animal Político Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña el caso. "Pero hay que entender que, a un padre y a una madre, que llevan siete años sin respuestas, esos pasos le saben a muy poco".
Por ello, aunque los familiares reconocen en su mayoría los avances que planteó el gobierno, el reclamo sigue siendo el mismo que hace siete años: necesitan que se intensifiquen las labores de búsqueda y respuestas basadas en evidencia científica y en nuevas acusaciones para determinar responsabilidades, y no solo una nueva narrativa.
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