Martín Aguilar
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México y decenas de organizaciones sociales expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de riesgo y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que enfrentan los migrantes y solicitantes de protección, los cuales buscan llegar a Estados Unidos a través de Centroamérica y México.
Durante la audiencia "Protección de personas en movilidad humana en los Estados Unidos, México y el Norte de Centroamérica", que se realizó en el marco del 181 Periodo de Sesiones de la CIDH, las organizaciones denunciaron políticas de externalización de fronteras, expulsiones colectivas y obstáculos de acceso a la justicia, así como a las devoluciones en cadena desde Estados Unidos hacia la frontera sur mexicana y comunidades remotas de Guatemala y Honduras, y las condiciones de las personas retornadas.
En ese sentido, Guillermo Fernández-Maldonado representante de la ONU-DH en México señaló que las devoluciones de personas migrantes y refugiadas se llevan a cabo a lugares con altos índices de criminalidad, lo que pone en riesgo su seguridad. Por ello, llamó a adoptar medidas para prevenir y remediar su impacto en los derechos humanos de las personas en movilidad.
En primer lugar, señaló que las expulsiones desde Estados Unidos bajo el Título 42 impide el acceso a procedimientos de asilo y la identificación de necesidades de protección por parte de las autoridades estadunidenses, pues, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde el 20 de marzo de 2020 se han registrado 845 mil expulsiones de personas migrantes a la frontera norte de México.
De igual modo, destacó que, del lado mexicano, la capacidad de respuesta de los albergues de la sociedad civil se encuentra rebasada, por lo que es fundamental fortalecer la respuesta institucional para atender la situación humanitaria que se vive en la frontera.
Fernández-Maldonado también detalló que, desde principios de agosto se ha dado seguimiento a una nueva situación: la expulsión de personas por vía aérea bajo el Título 42 hacia el sur de México y Centroamérica, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, lo que sitúa a las personas en una mayor situación de vulnerabilidad.
En segundo lugar el Representante de la ONU-DH mencionó que se le informó sobre devoluciones de personas haitianas desde la frontera de Estados Unidos y México, a distintos países de la región, de acuerdo con Fernández-Maldonado estas expulsiones podrían violar el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas.
Por otra parte, la ONU-DH explicó que pese a los esfuerzos del gobierno de México con la regularización de alrededor de 16 mil 919 personas haitianas entre 2020 y 2021 y los acuerdos para incrementar las presencias consulares de Haití, es necesario ofrecer mecanismos de protección o acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso efectivo a vías migratorias regulares.
"Es importante recordar que los Estados de la región han asumido compromisos para facilitar el retorno seguro y digno de conformidad con las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, así como de crear condiciones propicias de reintegración sostenible de los migrantes en su país de origen.
También se han comprometido a aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular para responder a las necesidades de migrantes en situación de vulnerabilidad", dijo Fernández-Maldonado
Por su parte, la CIDH expresó preocupación ante riesgos generados por expulsiones y recordó a los países su deber de proteger de manera integral los derechos humanos de personas en movilidad, y la necesidad de incorporar un enfoque interseccional.
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