Rebeca Marín
La reforma eléctrica propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca "un cambio radical, de mayor justicia social, en la que el Estado mexicano retome el control del sector eléctrico", dijo Rubén Cuevas Plancarte, director corporativo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Durante una reunión con trabajadores de la empresa estatal para informar los pormenores de la iniciativa para modificar los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, el funcionario señaló que la compañía eléctrica "opera bajo condiciones injustas, ya que le fueron impuestos costos ocultos y subsidios a particulares".
En su intervención, Miguel Alejandro López López, subdirector de Contratación y Servicios, aseguró que si los cambios impulsados por el Ejecutivo Federal no se aprueban en el Congreso de la Unión, "el panorama para la CFE y para el país es desolador".
Explicó que si no se aprueba la reforma eléctrica, para 2024 la empresa estatal generaría solo el 30 por ciento de la electricidad, es decir, menos del 38 por ciento de la energía que aporta actualmente.
Apuntó que en ese escenario las tarifas incrementarían exponencialmente como en España, donde se registran actualmente aumentos de hasta 210 por ciento de marzo a la fecha.
Cuevas Plancarte reiteró que no se pretende expropiar, pues se permitiría la participación de la iniciativa privada en hasta 46 por ciento del mercado eléctrico mexicano.
López López consideró que la supuesta competencia que impone la legislación actual a la CFE es "una farsa y una burla".
Abundó que actualmente existen contratos en los que la CFE paga a productores independientes el 100 por ciento de la electricidad contratada, aunque debido a los criterios de despacho solo recibe un pequeño porcentaje de esa electricidad.
Sin embargo, ese mismo generador puede reportar una producción excedente y ayudado por los órganos reguladores, recibe un permiso para evadir las reglas del mercado y vender a terceros.
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