En relación a la encuesta nacional sobre prácticas agrícolas y usos del herbicida glifosato en el campo mexicano, anunciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Procuraduría Agraria (PA), dada a conocer el pasado 11 de noviembre a través de un comunicado, existen preocupación sobre su utilidad, objetividad y viabilidad.
Las dudas sobre su utilidad se derivan del hecho de que ya existe la Encuesta Nacional Agropecuaria, (ENA) realizada por el INEGI en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER), que es un instrumento con muy alto rigor metodológico, apegado a los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La ENA fue publicada por última vez en el año 2019, tomó una muestra de más de 3 millones 600 mil unidades de producción y se llevó a cabo con un soporte conceptual y estadístico que atiende recomendaciones internacionales, basado en técnicas, métodos y procedimientos que el INEGI ha establecido y mejorado a través de los años y que se han seguido para diseñar, recolectar, clasificar, validar y analizar los datos recabados.
La ENA podría fácilmente incorporar los elementos que son de interés del CONACYT, como el uso de los herbicidas, que, por cierto, ya se registra en la ENA, al reportar que 59 por ciento de las unidades de producción dijeron que aplican herbicidas químicos y que los tres principales problemas de las actividades agropecuarias son: el alto costo de los insumos y servicios (reportados en el 74 por ciento de las unidades de producción), dificultades en la comercialización de las cosechas debido a precios bajos (33 por ciento) y falta de capacitación y asistencia técnica (31 por ciento).
La ENA NO reportó problemas por el uso de herbicidas y, en ese sentido, el CONACYT podría incorporar las preguntas pertinentes sobre su uso sin necesidad de realizar otra encuesta que, por cierto, extraña que NO participe el INEGI, la instancia especializada para realizar todo tipo de encuestas.
Por otro lado, llama la atención el sesgo que el CONACYT le imprime a la encuesta. De acuerdo con el investigador de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" y agricultor, Ing. Héctor Carlos Salazar Arriaga, el 70 por ciento de los agricultores tienen menos de 5 hectáreas y producen exclusivamente para autoconsumo, es el segmento que usa menos el glifosato, por lo pequeño de la parcela y de baja densidad de siembra (es decir, que tienen menos plantas por hectárea que las siembras comerciales).
Para el Ing. Salazar, la encuesta está "tendenciosamente dirigida" hacia los ejidatarios o sea al sector social (sujetos agrarios que atiende la Procuraduría Agraria) excluyendo a la pequeña propiedad privada. A quienes realmente debería enfocarse es "al 30 por ciento de los ejidatarios y propietarios rurales privados, que generan los excedentes de productos agropecuarios para su comercialización en el mercado, que producen el 80 por ciento de la producción agrícola y, que utilizan paquetes tecnológicos donde se incluye el herbicida glifosato".
El también profesor de la Universidad "Antonio Narro", añadió que la encuesta del CONACYT "es un tema ideológico, de fanáticos ambientalistas" que parece que solo quieren justificar, con una encuesta, que ya no se utilice un herbicida. "Una encuesta no es suficiente ante una medida que requiere un debate de científicos, ni usarse para tener argumentos que deben basarse en evidencia científica y mucho menos para buscar alternativas al glifosato" como mencionan en los objetivos de la encuesta, pues es evidente que, "o bien existen productos más caros y menos eficaces, o bien se tendría que regresar al machete para quitar la maleza de los cultivos".
Por su parte, el Ing. Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, A.C., (UMFFAAC), señaló la inviabilidad de una encuesta que se aplicará a más de 5 millones de sujetos agrarios, con 700 encuestadores: "Para empezar, lo que CONACYT parece realizar es un censo, no una encuesta, pues para realizar ésta se requiere solo un muestreo del que se derive información representativa de la población que se quiere estudiar, en este caso, los sujetos agrarios, por lo que resulta increíble que la dependencia responsable de la investigación científica del país no repare en ese gran detalle".
El presidente de la UMFFAAC dijo que si se quiere encuestar a 5 millones de sujetos agrarios no son suficientes 700 encuestadores, como se anunció, pues cada uno de ellos tendría que levantar más de 7 mil encuestas y, asumiendo que tardan 20 minutos por encuesta, se tomarían 2 388 horas, es decir, casi 300 días ininterrumpidos trabajando 8 horas diarias, y sin contar el tiempo de traslado entre los diferentes sujetos agrarios de la zona que les corresponda, todo lo cual "es un despropósito que evidencia, una vez más, la necesidad de justificar, sin ninguna base o fundamento, el sesgo que el CONACYT tiene hacia el uso de herbicidas".
El Ing. González Cepeda dijo también que "extraña que hayan dado a conocer una encuesta cuando no sabemos todavía los resultados del estudio piloto que se anunció en febrero de este año por el CONACYT y la Procuraduría Agraria. Esto le quita seriedad y transparencia a un ejercicio que parece más orientado a justificar una política contra los herbicidas que un estudio objetivo sobre la realidad del campo mexicano".
Por su parte, Cristian García de Paz, Director Ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT), resaltó la opacidad del CONACYT al no dar a conocer la metodología de la encuesta anunciada junto con la Procuraduría Agraria, a diferencia de lo que sucede con la ENA, que inclusive publica, con todo detalle, el fundamento técnico-metodológico de su encuesta ( https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825197315). García de Paz dijo que "no se entiende la falta de rigor científico de una institución como el CONACYT para dar a conocer la metodología de una encuesta que, además de inútil, sería sumamente cara al intentar aplicarla a más de 5 millones de personas. Mejor que utilicen esos recursos en los apoyos que reclaman los pequeños productores y no en instrumentos que parecen responder más a la animadversión al uso de herbicidas".
El director de PROCCYT, dijo también que "CONACYT parece desconocer la realidad del campo mexicano al no reconocer que sin el uso de herbicidas simplemente no se podrá mantener y aumentar la productividad del campo mexicano, indispensable para alcanzar la meta de la autosuficiencia alimentaria".
Finalmente, ambos directivos hicieron un llamado al CONACYT para que, en lugar de obsesionarse con un decreto que busca eliminar el herbicida más utilizado en el mundo, se concentre en apoyar a centros de investigación para encontrar alternativas al glifosato y puedan al menos cumplir con los tiempos que establece el mismo decreto (enero de 2024) para encontrar una alternativa económicamente viable y que supere todas las ventajas que tiene el uso responsable y el manejo adecuado del glifosato.
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