El Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la consulta de revocación de mandato con los mecanismos de seguridad y estándares de calidad que marca la ley, aun con el recorte de cuatro mil 913 millones de pesos a su presupuesto, aseguró la consejera electoral Claudia Zavala.
"A pesar del recorte deberán ser las mismas reglas. El INE no puede bajar reglas de calidad para el ejercicio, es un mandato constitucional", comentó.
Apuntó que el instituto deberá revisar a detalle dicho tijerazo y hacer una reestructuracion en los recursos.
"Todavía no hay salida, debemos esperar a que se publique en el Diario Oficial de la Federación y así analizar nuestras opciones", explicó Zavala.
Agregó que la reducción que hizo la Cámara de Diputados es muy significativa para el órgano colegiado y afecta la reprogramación. "Nos coloca en un una decisión compleja, pero tenemos la obligación de no bajar la calidad de los ejercicios que vengan", expuso.
En ese sentido dijo que cuando hay diferendo entre los legisladores y el Instituto Nacional Electoral existe la controversia como mecanismo, por lo que subrayó, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). "Utilizaremos la controversia y agotaremos esa vía, que sea la Suprema Corte la que se encargue. Es una decisión muy relevante y recalcar que es una obligación para nosotros (el ejercicio de Revocación de Mandato)".
El pasado 14 de noviembre, la Cámara baja aprobó el recorte de cuatro mil 913 millones de pesos al presupuesto solicitado por el INE.
Los legisladores determinaron que el Instituto tendrá 19 mil 736 millones de pesos para su gasto y no los 24 mil 649 que había solicitado.
El especialista en temas electorales, Luis Miguel Carriedo, recalcó que el recorte presupuestal es directamente al Instituto y no a una actividad en específico.
"Creo que es un error asumir que el recorte fue etiquetado sólo para la Consulta Popular. No es un recorte sólo para afectar la Revocación de Mandato. El INE pidió un presupuesto precautorio", explicó.
Expuso que entre las posibles salidas existen dos: acudir a la Suprema Corte para explicarle sus cálculos o sacrificar algunos proyectos.
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