Martín Aguilar
Un tribunal federal echó abajo la orden judicial que obligaba a la Fiscalía General de la República a poner la casa de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares a disposición del juez responsable de su proceso por el Caso Agronitrogenados, razón por la que en definitiva el inmueble volvió a quedar asegurado y a disposición del Indep.
El Tercer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México revocó el amparo que en primera instancia la juez Luz María Ortega Tlapa le había otorgado al ex director de Pemex, justamente para que su residencia quedara en manos del juez de la causa en el Reclusorio Norte y éste decidiera sobre su aseguramiento.
Por propuesta del magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez, sus colegas resolvieron por unanimidad que la autoridad ministerial puede dictar un aseguramiento sin la necesidad de que esa medida precautoria sea autorizada por un juez, un criterio que ya se le había notificado a la juzgadora que dio el amparo a Lozoya.
"Se advierte que no es necesario el control judicial previo para decretar el aseguramiento de bienes durante la investigación, tal como incluso se en el recurso de revisión 312/2019 de este propio tribunal resuelto en sesión del 18 de junio de 2020 y en el caso concreto se advirtió que la jueza de amparo soslayó resolver de nueva cuenta que el acto reclamado se emitió en cumplimiento a dicha ejecutoria", señala el proyecto de sentencia aprobado por los tres magistrados.
"Al analizar de manera directa el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa (FGR), se advierte que son infundados y por tanto se propone negar el amparo solicitado".
La casa de Lozoya se ubica en Ladera número 20, interior 11, en el conjunto residencial La Retama, Colonia Lomas de Bezares, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y originalmente fue asegurada el 28 de mayo de 2019.
Esta casa es la que ofrece el ex funcionario como pago de reparación del daño, en su proceso del Caso Agronitrogenados, donde el monto total que ha puesto sobre la mesa es de 3.4 millones de dólares.
El aseguramiento del inmueble fue dictado en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, que derivó en la primera orden de aprehensión contra Lozoya por lavado de dinero.
El 18 de junio de 2020 el mismo tribunal colegiado concedió al ex funcionario un amparo en el que ordenó a la FGR reponer el procedimiento, sin embargo, el fallo dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía volviera a asegurarlo.
En esa sentencia, el colegiado aclaró que no era necesario que la FGR solicitara el aseguramiento a una autoridad judicial, en caso de que volviera a aplicar la misma medida precautoria sobre el bien inmueble.
Por ello, al cumplir la sentencia, el 22 de septiembre de 2020 la Fiscalía emitió un nuevo acuerdo de aseguramiento, en el que ordenó al Registro Público de la Propiedad inscribir la situación legal del inmueble y ponerlo a disposición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Esta determinación es la que ahora ha quedado firme, al ser revocado el amparo de Lozoya.
En la investigación en la que se dictó el aseguramiento, la FGR imputa a Lozoya de pagar 38 millones de pesos por la residencia, con dinero de un soborno que supuestamente le pagó Altos Hornos de México (AHMSA).
La siderúrgica de Alonso Ancira presuntamente le hizo pagos por un total de 3.4 millones de dólares a cambio de instruir como director de Pemex la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados en Veracruz por 273 millones de dólares.
Lozoya y Ancira han reconocido esos pagos como honorarios por servicios de consultoría, no como sobornos.
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