Rebeca Marín
Retomar el control de la generación de electricidad como pretende el gobierno a través de la reforma eléctrica, tendrá un efecto dominó sobre la inversión y elevará el riesgo país haciendo más costoso el financiamiento para la actividad productiva nacional y para las familias, alertó Rosanety Barrios, analista de temas energéticos.
"Hay un tema reputacional, afecta el riesgo país, al afectarlo, nos incrementa el costo de financiamiento del país completo", dijo durante su participación en el taller "Implicaciones de la Reforma Eléctrica", organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico que se comenzará a discutir en parlamento abierto que inicia el lunes, propone bajar la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica desde un 62 por ciento actual, a 46 por ciento; casi una cuarta parte se pretende apagar y el resto, se desconocen los términos bajo los que podrán permanecer y entonces vendrán los problemas en 'efecto dominó', explicó la especialista.
"Resulta que la certeza que tenían los contratos que hoy sostienen su operación, desaparece y quedan sujetos al nuevo monopsonio que estaría representado por la CFE. Esto solito, sin necesidad de hacer nada, implica un aumento importante del riesgo de recuperación de la inversión; por lo tanto, las instituciones financieras que prestaron el dinero para construir esas plantas, al no haber la garantía para el pago de esos créditos, sus cláusulas le permitirían a la banca pedir el pago porque cambió el riesgo", expuso.
La corrección que se podría hacer para que la CFE no tuviera que cargar con algunos daños o consecuencias de la existencia de permisos previos a la reforma de 2013, no requiere un cambio en la Constitución, "con ajustes regulatorios e incentivos...con eso podríamos obtener el ganar-ganar", agregó.
Por su parte, la certeza de las inversiones está también considerada en los acuerdos comerciales, por lo que se violarían los que México tiene firmados, siendo el T-MEC el más importante, señaló Vanessa Zárate, consultora asociada en Estrategia Pública Consultores, durante el evento del CCE.
"Los tratados comerciales buscan la protección de la inversión en general, creando escenarios de certeza, y evidentemente cuando una empresa decide invertir, en su análisis de riesgo, muy probablemente México se vuelva menos atractivo a las inversiones no nada más del sector", dijo en el evento del CCE.
Además, la participación del sector energético en la generación de gases de efecto invernadero, con más del 70 por ciento de las emisiones, es tan alta por el modelo basado en el consumo de combustibles fósiles y como parte de la reforma del 2013 se planteó como un imperativo la transición a energías renovables en el contexto de la crisis climática, y se generaron incentivos para acelerar esa transición, expuso Sandra Guzmán, gerente de financiamiento climático de CPI.
Así, el sector privado fue el que impulsó las inversiones y el Estado generó las instituciones para hacer la transición energética y "ahora se pretende revertir esa participación sin generar una institucionalidad que permita y promueva la transición energética", señaló.
Los riesgos jurídicos y regulatorios tienen su peso dentro del mismo riesgo de financiamiento y harán lo suyo a la hora del análisis de inversión, señaló Miriam Grunstein, académica asociada al Centro México de la Rice University, al referir la gran incertidumbre que persiste sobre cómo vayan a quedar las leyes secundarias que impiden tanto que CFE como los que pudieren participar, puedan calcular sus riesgos financieros.
"Una cosa de gran interés para los bancos son las reglas del juego y en este momento estamos en un limbo, y si se les da a los legisladores a aprobar algo que inflexiblemente nos ate a un esquema de industria que no podremos cumplir, vamos a estar o en la ilegalidad si se hace de forma diferente, o en la parálisis si no se puede hacer y entonces puede haber litigios", indicó en entrevista aparte.
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