TEPJF le ordena a la FGR entregar carpetas de investigación de Odebretch al INE

Martín Aguilar

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar cuatro carpetas de investigación al Instituto Nacional Electoral (INE) para que pueda cumplir con sus facultades de fiscalización relacionadas con el caso Odebrecht.

 

A propuesta de Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente, el pleno declaró fundada la pretensión del INE, pues –destacó– el secreto ministerial no es oponible a la facultad de fiscalización del INE.

 

Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron en 2017 diversas denuncias ante el Consejo General, donde alegaron una probable aportación a favor de la campaña del entonces candidato a la presidencia de la república Enrique Peña Nieto.

 

Las denuncias fueron en contra del PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Emilio Ricardo Lozoya Austin, extitular de Pemex, Odebrecht y OHL.

 

En abril del 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó a la FGR información y copias sobre diversas carpetas de investigación relacionadas con la denuncia de perredistas y morenistas.

 

Sin embargo, la FGR le negó la información y documentación requerida, debido al carácter reservado de esas carpetas y bajo el argumento de salvaguardar el sigilo de las investigaciones. Por ello, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, presentó un juicio electoral ante la Sala Superior.

 

La Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE) y el Código Nacional Procesal Penal señalan que las autoridades federales (FGR) deben colaborar con las autoridades electorales en el ejercicio de sus facultades constitucionales, como lo es la de fiscalización.

 

Además, en la sentencia que se discutió en la sesión pública celebrada este miércoles por videoconferencia, se dejó claro que el hecho de que la FGR otorgue la información no implica que deje de ser reservada o confidencial.

 

El Instituto tiene el deber de mantener en todo momento protegidas las carpetas de investigación y de utilizarla exclusivamente para los fines estrictamente necesarios.