Martín Aguilar
El juez federal José Rivas González aplazó para el 8 de marzo la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a un grupo de abogados supuestamente ligado al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a quienes el litigante Juan Collado acusa de extorsionarlo para tramitar su salida de prisión.
En una audiencia accidentada y con retrasos, el juez determinó que los abogados en cuestión deberán comparecer presencialmente en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. El juez tomó esa decisión después de que la FGR señaló que existe un riesgo de fuga.
Los abogados a quienes la FGR busca imputar son Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau.
Collado, detenido desde 2019, los denunció y los acusó de exigirle su empresa, Caja Libertad, y 2 mil millones de pesos a cambio de ayudarlo a salir de prisión. Según Collado, para ello, argumentaron una supuesta cercanía con el exconsejero Scherer.
Durante la audiencia, el fiscal Manuel Granados dijo al juez que los delitos que se imputarán a los abogados superarán los 40 años de prisión y adelantó que es probable que la FGR pida prisión preventiva justificada en su contra.
Los abogados defensores de Araujo, González, Pérez y Gómez Arnau —quienes se conectaron a la audiencia por videoconferencia— acusaron a la FGR de haber filtrado información del expediente a los medios de comunicación y de haberles entregado a ellos información parcial e incompleta. Los fiscales respondieron que dichos argumentos eran una práctica dilatoria.
En más de 10 ocasiones, los abogados interrumpieron no solo a los fiscales sino incluso al juez. En una de esas interrupciones, la abogada defensora Rosa Gabriela González Pulido le pidió al juez que pospusiera la audiencia aún más tiempo, ya que el 8 de marzo es eDía Internacional de la Mujer.
Molesto, el juez rechazó esa petición. Respondió a la abogada que ese no era un día inhábil y le reiteró que ya estaba concediendo una prórroga y sería la última.
Y luego, dirigiéndose directamente a la prensa, el juez dijo: "Esta toga no se vende ni se intimida. Que eso quede claro".
Otro de los abogados defensores también pidió que la FGR revelara si Juan Collado ya obtuvo algún beneficio legal o un acuerdo reparatorio tras haber denunciado a Scherer. El juez respondió que ese no era el momento para hacer esas peticiones.
En la audiencia, el juez pidió a los cuatro imputados, que se encontraban en lugares distintos conectados por internet, que respondieran a una llamada telefónica en un número fijo que se les había pedido proporcionar previamente para garantizar que estuvieran en la Ciudad de México.
Uno de ellos, Gómez Arnau, señalado como supuesto operador de Scherer, no pudo hacerlo pues dijo que su internet no tenía línea telefónica, pero envió su geolocalización para demostrar que estaba en la CDMX. Esto molestó a los fiscales, quienes dijeron que no había ninguna garantía de que estas personas realmente estuvieran en la capital.
Se dio entonces un intercambio de acusaciones entre las partes. El fiscal Granados incluso señaló que el defensor de Araujo, el abogado Diego Madrazo, no era confiable pues en el pasado había transmitido ilegalmente a través de internet la audiencia de Alonso Ancira cuando llevó su defensa.
Mientras se desarrollaba esa discusión, en la sala de audiencias estaba presente el abogado Juan Collado, quien portaba un pantalón de vestir y un saco de color caqui. Aunque no hizo ninguna manifestación, en varios momentos giró la cabeza en un gesto de desacuerdo con los señalamientos hechos por los abogados supuestamente ligados a Scherer.
Finalmente, el juez tuvo que llamar al orden en varias ocasiones y reiteró a las partes que el 8 de marzo deben estar presentes personalmente. Todos sin excepción.
Pidió a la FGR entregar todos los datos de prueba que hay en el expediente para que no se vuelva a argumentar que falta información. Solicitó a uno de los abogados defensores, Francisco Auteo Castro, que analice si no está en un posible conflicto de interés debido a que él inicialmente fue abogado de Collado y ahora representa al abogado Isaac Pérez Rodríguez, uno de los denunciados.
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