Martín Aguilar
La problemática del desplazamiento forzado interno en México ha empeorado debido a la crisis de violencia por la que atraviesa el país. En sólo un año, el número de personas que tuvieron que dejar su lugar de residencia incrementó aproximadamente 360 por ciento, ya que pasó de 9 mil 741 en 2020, a 44 mil 905 en 2021, según cifras preliminares de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Aunque la CMDPDH no ha determinado con exactitud el número de casos de desplazados que están relacionados con la violencia generada por grupos del crimen organizado, calcula que en cinco años son cerca de 67 episodios los que corresponden a este motivo, de alrededor de 100, y el resto respondería a causas como violencia política, intolerancia religiosa, conflictos sociales y disputas territoriales.
Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, son los seis estados que más episodios de desplazamiento forzado registraron entre 2016 y 2020, en los que también hubo el mayor número de personas desplazadas, agregó el experto, quien detalló que Guerrero encabezó estos eventos violentos en los últimos cinco años, a los que se sumó Michoacán en 2021.
De acuerdo con el análisis "Migración interna por violencia o inseguridad en México", elaborado por la Unidad de política Migratoria, Registro e Identidad de Personas en 2020, es difícil determinar todas las causas que provocan el desplazamiento forzado de personas al interior de un país, sin embargo, con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2018, se identificó a los conflictos territoriales y la presencia de grupos del crimen organizado como elementos relacionados a dicha problemática.
Pese a que en México no existe un registro oficial que contenga el número exacto de personas que se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia, desde 2014 la CMDPDH se ha dedicado a dar seguimiento a la situación de desplazamiento forzado al interior del país, mediante un monitoreo de medios de comunicación y un seguimiento a diversos estudios de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, con el propósito de evidenciar esta problemática.
La Comisión define al desplazamiento interno forzado como "una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano", sin que salgan de su país.
Aunque en agosto de 2015, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) habló por primera vez la existencia del fenómeno de desplazamiento interno forzado en México, que provocó la violencia generada por el crimen organizado, diversos organismos coinciden en que el fenómeno del desplazamiento interno forzado en México inició con la denominada "Guerra contra el narcotráfico" que desató el Gobierno encabezado por el Presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Cabada coincidió en esta premisa, pues dijo que al inicio de la llamada "Guerra contra las drogas", sí fue perceptible "un aumento, sobre todo, en la violencia general en el país, se puede ver en el aumento en el número de homicidios", lo que también impactó el fenómeno de desplazamiento forzado al interior del país, "en particular los episodios relacionados con grupos armados organizados", enfatizó.
En 2019, la actual administración que dirige el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que ésta era una problemática, y se comprometió a atenderla. El 22 de abril de ese año, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Consejo Nacional de Población (Conapo) presentaron la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en la que se indicó que entre 2017 y 2018, un millón 133 mil 41 personas cambiaron de domicilio debido a la inseguridad provocada por la delincuencia.
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