Juez ordena a la Conacyt publicar el nombre del Director del CIDE

Rebeca Marín

En respuesta a un amparo promovido por miembros de la comunidad CIDE, el juzgado 12 de distrito ordenó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hacer pública el acta del 29 de noviembre pasado en la que se formalizó el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

 

Se trata de un documento que la propia directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se comprometió en diciembre y ante los estudiantes a hacer público, sin embargo, es una promesa que hasta la fecha no se ha cumplido.

 

Incluso a través de distintas solicitudes de información hechas por la comunidad del CIDE, el Conacyt se ha negado a proporcionar esta información objetando que el acta se encuentra en proceso de protocolarización.

 

"Apercibido que de no hacerlo o no manifestar el impedimento legal que le asista, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México", se lee en la resolución emitida por el juzgado, misma que fue compartida por la Asamblea Estudiantil.

 

"Confiamos en que el Poder Judicial traerá luz a lo que han intentado mantener a la sombra", subrayaron los estudiantes.

 

El 29 de noviembre pasado, en una sesión en la que se documentó que no hubo unanimidad, la directora del Conacyt nombró a Romero Tellaeche como director general del CIDE. Esto a pesar de que en proceso de auscultación interna no fue bien evaluado y de que miembros del consejo directivo manifestaron su rechazo.

 

La decisión provocó que minutos después un grupo de estudiantes tomara pacíficamente las instalaciones del centro de investigación en donde permanecieron 45 días.

 

Al inicio del nuevo ciclo escolar y con el rechazo vigente de Romero Tellaeche como director del CIDE, miembros de la comunidad ingresaron el pasado 15 de febrero un amparo en el que solicitaron la protección de la justicia feral por las ilegalidades cometidas en perjuicio de la institución, específicamente lo relacionado a la aprobación de las reformas al Estatuto General del CIDE con las cuales se buscó legitimar a posteriori el nombramiento del director general, así como del secretario académico de la institución.

 

El amparo presentado fue suscrito por más de 60 integrantes de la comunidad CIDE entre alumnos, profesores y personal docente.