Al recortar el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Morena y el gobierno capitalino bloquearon toda posibilidad de que diputados locales y la propia jefa de Gobierno pudieran ser sometidos a una consulta de revocación de mandato.
Independientemente de que en la ley en la materia se incluyeron seis artículos para que diputados, senadores y el propio Presidente de la República pudieran ser removidos luego de tres años en el poder, la propia Claudia Sheinbaum prometió en campaña someterse a ese ejercicio.
La Constitución Política fue modificada en 2019 para cumplir con la promesa presidencial, pero en la CDMX, a pesar de que el Instituto Electoral local previó recursos para la realización de esa consulta en la capital, la 4T respondió con un recorte presupuestal.
En la actualidad, Sheinbaum y su gobierno impulsan con todo la difusión para que la ciudadanía participe en la consulta del próximo 10 de abril, y que Andrés Manuel López Obrador sea ratificado en el cargo.
Y eso está muy bien, pues es un presidente surgido de su partido y tienen que apoyarlo, pero la pregunta es que, si defiende con todo el derecho ciudadano a someter a revocación al Presidente, lo lógico sería que promoviera un ejército similar para ella y sus diputados.
O que los propios legisladores, que andan muy activos repartiendo volantes para que la gente vaya a las urnas, promovieran su propia revocación y así ver qué tanto apoyo conservan de la gente que los llevó al Congreso.
Luego de la derrota de junio pasado en la capital, ninguno de ellos se expondría a que los ciudadanos les recriminaran con un rechazo en las urnas, y mejor se dedican a talachearle para juntar la mayor cantidad de votos en ese ejercicio presidencial.
Tampoco la oposición le quiso entrar, pues hubieran conseguido las firmas del diez por ciento de los inscritos en la lista nominal de la capital —alrededor de 770 mil ciudadanos—, para exigir la consulta de la jefa de Gobierno, pero habría sido como darse un tiro en el pie.
Pues ellos también habrían sido sometidos a un nuevo escrutinio público y quién sabe cómo les hubiera ido.
El IECM señaló que necesitaba 155 millones para la realización de la consulta en la capital, que sumados a su presupuesto anual sumaban mil 955 millones, pero el año pasado la mayoría de Morena en Donceles les bajó a mil 200 millones —755 millones menos— y ahí terminó el asunto.
Hubiera sido muy interesante que, además de someter a evaluación a la jefa de Gobierno, los votantes pudieran opinar sobre diputados como Norberto Nazario y Janecarlo Elizondo —ambos de Morena—, señalados como presuntos agresores sexuales.
Con el empoderamiento de los grupos feministas, que reclaman con toda razón que no haya más agresiones en contra de las mujeres, seguramente ninguno de los dos pasaría la prueba y tendrían que regresar a sus casas… o ante el juez para responder a los señalamientos.
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