Martín Aguilar
Estados Unidos entregó este miércoles a México al financiero Rafael Olvera Amezcua, buscado por ser el principal accionista de la microfinanciera Ficrea, la cual fue intervenida en el año 2014 por el Gobierno mexicano por un desfalco millonario a miles de ahorradores.
La deportación de Olvera Amezcua, considerado 'probable defraudador en el caso Ficrea', fue 'resultado de gestiones' de la Fiscalía General de la República (FGR), según informó el órgano autónomo.
Fue entregado hace unos minutos por autoridades del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos', añadió la FGR en sus redes sociales, con la promesa de ofrecer mayor información posteriormente.
Olvera Amezcua afronta al menos cinco órdenes de aprehensión en México por crímenes como delincuencia organizada y operaciones con recursos de origen ilícito.
El financiero estaba detenido en Estados Unidos desde su arresto en Texas en mayo de 2019, cuando afrontaba una ficha roja (orden de búsqueda y captura) emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a petición de la Fiscalía mexicana.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino en noviembre de 2014 a Ficrea, una sociedad financiera de ahorro popular, al detectar irregularidades en sus reportes financieros.
Según las autoridades, del total de fondos aportados por miles de ahorradores, 2,700 millones de pesos (unos 130,8 millones de dólares al tipo de cambio actual) se usaron en transferencias al extranjero, compra de bienes e inmuebles no relacionados con las actividades de la sociedad , así como gastos personales de socios.
El 8 de enero de 2015, la Interpol emitió una ficha roja para localizar a Olvera Amezcua a solicitud de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR), lo que implicaba que era buscado en 190 países.
Y el 5 de octubre de 2015 un tribunal federal mexicano declaró en estado de quiebra a la microfinanciera, en vista de que el monto de sus activos era muy inferior al monto de las deudas con sus acreedores.
Ahorradores afectados por las operaciones irregulares de la financiera han exigido al Gobierno de México la devolución íntegra de su dinero, argumentando que ellos entregaron sus ahorros a una institución autorizada y regulada por el Ejecutivo a través de la CNBV.
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