Rebeca Marín
Los organismos empresariales podrían tener voz y voto en cuatro de las principales instancias de consulta y deliberación que el gobierno federal utiliza para la implementación de políticas públicas, gracias a una reforma aprobada en la Comisión de Economía del Senado de la República.
Esta modificación de ley busca integrar dos portavoces del sector privado en los consejos consultivos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), de Turismo y de Cambio Climático, así como uno en la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola. Sin embargo, no contempla a la sociedad civil.
Si el Congreso de la Unión aprueba la citada reforma se representan los intereses empresariales, y no estrictamente los de la población, en la formulación de programas y acciones gubernamentales, señaló a Publimetro José Ignacio Martínez Cortés, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
La inclusión de la industria privada en los consejos consultivos, agregó el especialista en Economía, se deriva de una presión por parte de las cúpulas empresariales, las cuales están detrás de los intereses de grandes compañías.
"Por ejemplo, San Simón Zahuatlán, en Oaxaca, es el municipio más pobre del país. Por supuesto, a este municipio no van a representar los intereses empresariales de la cúpula. Habría que analizar, bien a bien, qué tanto esto estaría representando a los millones de unidades económicas que tiene el país", advirtió Martínez Cortés.
Con personeros del sector privado en los consejos consultivos del gobierno federal se corre el riesgo de que los hombres de negocios prioricen sus intereses y no los del bien común, tal como sucede con los cabilderos de la Cámara de Diputados y del Senado, indicó en entrevista el doctor en Economía Óscar Enrique Díaz Santos.
Según el Padrón de Cabilderos de la LXV Legislatura, en el Congreso hay 380 representantes de personas morales (164) y físicas (216) que tienen como fin influir en la toma de decisiones relacionadas con temas de interés nacional (como seguridad, comercio exterior y medio ambiente). No obstante, los acuerdos o los tratos entre los funcionarios y los portavoces no son transparentes.
Otro de los peligros, abundó Díaz Santos, está en que la modificación de ley faculta al Ejecutivo Federal para fijar las bases de selección de los voceros de los organismos empresariales, pues no precisa los mecanismos a seguir. Entonces, dijo, puede ser una forma para simular apertura con el sector privado.
"¿A qué representantes van a proponer? ¿A los que están alineados al gobierno o a los que no están alineados al gobierno? Ese es otro de los riesgos, porque creo que va a ser la gente alienada al gobierno", aseveró.
La participación, con voz y voto, de dos personeros de la industria empresarial en instancias de consulta y deliberación gubernamental influirá demasiado en la toma de decisiones, porque podrían convertirse en el fiel de la balanza durante las votaciones, subrayó Ignacio Martínez.
Los consejos consultivos, explicó el académico de la UNAM, contribuyen en resoluciones sobre operación del presupuesto, desarrollo de programas para dependencias y proyectos de entidades federativas.
"Se amparan (los organismos empresariales) bajo el discurso, ya tradicional, de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Que van a fomentar, que van a impulsar, pero se queda en el discurso. Entonces, al tener voz y voto por supuesto que incide con base en sus intereses", enfatizó Martínez Cortés.
Cabe destacar que las áreas de consejo de la Amexcid, de Turismo y de la Industria Vitivinícola se integran por representantes de las secretarías de Estado. Las tres permiten invitados de la sociedad civil y del sector empresarial, pero sólo con voz.
Por el contrario, el de Cambio Climático sí contempla miembros de diversos grupos, sin embargo, garantiza el equilibrio entre los sectores e intereses respectivos al no imponer cifra específica de personeros.
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