Martín Aguilar
La representación legal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) interpuso una demanda de amparo en contra del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por su omisión de establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet).
La demanda fue interpuesta a través del secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP, quien argumentó que la Fiscalía de Gertz incumplió con el plazo establecido para poner en marcha el Renadet.
Esto, porque de acuerdo con en el artículo quinto transitorio de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la entonces Procuraduría General de la República tenía "un plazo de ciento ochenta días siguientes a la fecha en que el presente Decreto entre en vigor [que fue el 26 de abril del 2017] para contar con la infraestructura tecnológica necesaria para operar el Renadet", obligación que pasó a formar parte de la FGR una vez que entró en operaciones.
El pasado 21 de mayo se informó que más de dos mil personas firmaron una petición que la familia Castillo Cuevas lanzó en la plataforma Change.org en la que se exige la renuncia, destitución o remoción del fiscal Gertz Manero, a quien señalan por haber cometido diversos delitos graves durante su administración al frente de la dependencia, entre ellos precisamente su omisión para establecer el Renadet.
"A tres años de su gestión como Fiscal, Alejandro Gertz Manero continúa sin establecer el Renadet, situación que incluso ya fue determinada por un Tribunal Colegiado como la actualización de 'una omisión absoluta en una competencia de carácter obligatorio' en perjuicio de las víctimas del delito", señala la petición que al día de hoy suma ya más de 35 mil firmas.
En paralelo, el pasado 4 de mayo el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite esta demanda de amparo promovida por el IFDP bajo el expediente 401/2022, en el que también se mencionó a otras autoridades como responsables de esta omisión.
En este asunto también se demanda la omisión de la Fiscalía General de la República de inscribir a un hombre identificado como Mario David R. en el mencionado registro, asunto en el que la fiscalía informó que ya giró instrucciones a fin de que el fiscal especial en Investigación del Delito de Tortura remita al juzgado las constancias relativas a la averiguación previa del caso.
Si bien en una primera instancia el juez decretó como fecha para celebrar la audiencia constitucional del caso el 7 de junio de 2022, en la que resolverá si concede el amparo o no, días después el juez pospuso la audiencia sin hacer públicas sus razones y en su lugar fijó como nueva fecha para la audiencia el próximo 22 de junio.
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