Por considerarla ilegal, ilegítima e inmoral, la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública iniciará una campaña a nivel nacional para pedir a gobiernos federales y locales que suspendan por dos años el pago de intereses y costos de administración de la deuda pública, sobre todo la derivada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), ahora Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Dada la crisis por la pandemia de coronavirus, a la que se suma el incremento en las tasas de interés como respuesta a la acelerada inflación y que impacta en los intereses que se desprenden del endeudamiento público, la Promotora urge suspender los pagos por intereses y administración del financiamiento, así como el redirigir ese recurso a programas productivos.
Con ese objetivo iniciará una campaña de información y recolección de firmas a nivel nacional. Se llevará la petición a gobiernos estatales y al federal, tanto en el Ejecutivo como Legislativo, para que se suspendan los pagos por el costo financiero de la deuda.
En el arranque de la campaña, Héctor Torres González, integrante de la Promotora, señaló que una de las tareas más urgentes es dejar de lado el pago del IPAB, el cual se formalizó en la década de los noventa y se terminará de pagar en 2070. "El Fobaproa es el gran fraude del siglo y hoy es un crimen que permanece impune", dijo.
Magdalena Núñez Monreal, diputada federal por el Partido del Trabajo, aseguró que por el rescate bancario se han pagado tres veces el monto original; mientras Torres González agregó que por sus características, y de acuerdo con el derecho internacional, el Fobaproa es candidato a que se suspenda su pago pues se contrató "de manera fraudulenta" y para beneficio de grandes empresarios.
Mónica Soto, también integrante de la Promotora, enfatizó que la economía aún no llega a su nivel previo a la pandemia y por ende se cumplen con tres características en derecho internacional para exigir una suspensión en el pago de la deuda: el estado de necesidad, el cambio fundamental de circunstancias y la causa de fuerza mayor.
Con un pasivo que rebasa los 13 billones de pesos, debido a que el gobierno se endeuda para pagar deuda, y que aumentará por el incremento en las tasas de interés, el colectivo enfatizó que es necesario liberar los recursos por intereses de este y el siguiente año para sostener la recuperación, así como abrir auditorías que revisen toda la deuda contratada y se enjuicie a los responsables en caso de encontrar malos manejos.
Explicaron que este año el costo financiero de la deuda absorberá 869 mil millones de pesos y para 2023 rebasará el billón, monto que supera el presupuesto individual de las empresas energéticas del Estado, de los programas sociales, el de salud y educación.
Camilo Valenzuela, integrante de la Promotora, consideró que si se suspende el servicio de la deuda, se pueden desarrollar programas productivos, reactivar la economía, generar empleo permanente y reducir el subempleo y desempleo.
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