Rebeca Marín
Un juez federal admitió ampliar un amparo presentado por la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) con el que se busca frenar los tramos 5 y 6 del Tren Maya.
El recurso supondría un nuevo revés judicial para la obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el mismo juzgador ordenó una suspensión al Tramo 5 que comprende de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo.
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El juez Adrián Fernando Novelo aceptó a trámite el amparo el pasado 5 de abril, el cual originalmente sólo contemplaba frenar los trabajos en el Tramo 5 del Tren Maya, lo cual se concretó tres semanas después cuando concedió la suspensión provisional y posteriormente definitiva a DMAS bajo el argumento de que la obra supondría un daño ecológico "irreversible".
Sin embargo, una vez logrando que se detuvieran las obras, la organización civil solicitó una ampliación al recurso, ahora por los tramos 6 y 7, que corren de Tulum a Bacalar y de Bacalar a Escárcega, respectivamente, y que representan una superficie mayor a 500 kilómetros, casi 10 veces lo que comprende el primer tramo impugnado.
De manera paralela, el mismo juzgador solicitó ayer al gobierno federal presentar ante el poder judicial la copia certificada del decreto por el cual las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación ordenaron la reactivación de los trabajos en el Tramo 5 del Tren Maya, pese a la suspensión, por considerarla prioritaria y de seguridad nacional.
"En el término de tres días informe a este Juzgado Federal sobre el cumplimiento dado a la misma y exhiba las constancias respectivas que acrediten el citado cumplimiento y también en caso de contar con ello, remita copia certificada del Decreto donde se advierta que el Proyecto denominado Tren Maya, pertenece a seguridad nacional", detalla el documento consultado por El Sol de México.
Lo anterior, porque pese a que las autoridades han asegurado la existencia de dicho decreto -necesario para continuar los trabajos-, éste no se ha publicado en ningún canal o medio oficial. Hasta el momento, los únicos documentos de esta naturaleza son los difundidos en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 y 23 de julio, que contemplan no detener los trámites burocráticos del Tren Maya y ocupar de manera temporal ocho predios en los municipios de Solidaridad y Tulum mientras se llevan a cabo los trabajos.
Al respecto, y tras el reclamo que hicieron organizaciones ambientales por la violación a la suspensión otorgada por el juez, el director del Fondo Nacional de Turismo, Javier May Rodríguez, justificó la acción pues al interior del gobierno el Tren Maya se considera de interés nacional.
Cuestionado al respecto explicó que el gobierno federal tomó esta decisión en sesión del Consejo de Seguridad, por lo son Gobernación y de Seguridad Ciudadana las encargadas de llevar a cabo la obra y no Fonatur, por lo que no se violentan los amparos concedidos previamente.
No obstante, ante la ausencia pública de dicho decreto, el juez Novelo adelantó que en caso de no cumplirse con su solicitud antes del lunes, se advierte que el gobierno del presidente López Obrador se haría acreedor a una multa equivalente a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, unos cuatro mil 811 pesos.
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