Rebeca Marín
Tras la declaración del Tren Maya como obra de seguridad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no hay ningún problema legal" con dicha acción, ya que es algo que está contemplado en la ley y que se hizo así debido a tácticas dilatorias para resolver sobre los amparos, además de acusar la intervención de Estados Unidos para frenar la obra y a que se estaba perdiendo dinero durante estos meses que los trabajos estaban frenados.
"Lo que se está haciendo es darle continuidad a una obra pública importantísima que fue sujeta a una consulta de todos los habitantes, se hizo consulta con todos y todos estuvieron de acuerdo, se ha cumplido con todos los procedimientos, sin embargo, hay un grupo mafioso, político, opositor", dijo.
Paran la obra tres meses cuando toda la gente y los dueños de los terrenos por donde va a pasar están dando todos su anuencia", agregó.
Tras la declaración del Tren Maya como obra de seguridad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no hay ningún problema legal" con dicha acción, ya que es algo que está contemplado en la ley y que se hizo así debido a tácticas dilatorias para resolver sobre los amparos, además de acusar la intervención de Estados Unidos para frenar la obra y a que se estaba perdiendo dinero durante estos meses que los trabajos estaban frenados.
"Lo que se está haciendo es darle continuidad a una obra pública importantísima que fue sujeta a una consulta de todos los habitantes, se hizo consulta con todos y todos estuvieron de acuerdo, se ha cumplido con todos los procedimientos, sin embargo, hay un grupo mafioso, político, opositor", dijo.
Paran la obra tres meses cuando toda la gente y los dueños de los terrenos por donde va a pasar están dando todos su anuencia", agregó.
Como se recuerda, el Tren Maya fue declarado como obra de seguridad nacional, por lo que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quedaron a cargo, reveló Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
"Es un tema de seguridad nacional, hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública. Nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos, que determine el juez, estamos esperando que nos vuelvan a signar la audiencia, se ha diferido varias veces, ya aportamos para los alegatos", precisó el funcionario.
López Obrador López Obrador detalló que a pesar de tener todos los permisos de las comunidades de la zona, llegaron "pseudo ambientalistas" de la Ciudad de México y otros estados, financiados por el gobierno de Estados Unidos para promover amparos, por lo que su gobierno recurrió a un procedimiento para declarar la obra de seguridad nacional.
"Se declara la obra de seguridad nacional porque se está interviniendo un gobierno extranjero (Estados Unidos), se pierde dinero de la hacienda pública porque es una obra prioritaria, también porque se están aplicando tácticas dilatorias porque no hay justicia expedita", dijo.
El presidente anunció que también que se prevé indemnizar a Grupo México, que estaba a cargo de constituir el tramo cinco del Tren Maya, ya que al declarar la obra de seguridad nacional su construcción quedará a cargo del gobierno y el Ejército mexicano.
Incluso aseguró que no hay un desacato ni habrá sanciones contra el gobierno, ni ningún funcionario público, por la continuación del tramo cinco del Tren Maya.
Y retó a Claudio X González y a José Ramón Cossío, así como a todas las asociaciones de abogados de lo que calificó como el "movimiento conservador" que presenten denuncias para que sea el Poder Judicial el que resuelva la continuidad de la obra.
"Se ha cumplido con todos los procedimientos del Tren Maya, pero hay un grupo mafiosos, político, opositor, encabezado por Claudio C González, José Ramón Cossío, y por una señora que estuvo de asesora con Creel, María Amparo Cazar y otros, pues están en contra de nosotros desde hace tiempo.
"Claudio participó con su papá para ayudar en el fraude electoral de 2006, tenemos diferencias de tiempo atrás porque se sienten como los dueños de México y tratan de frenar y parar la transformación del país y quieren que continúe la corrupción e impunidad", afirmó el presidente.
En conferencia en Palacio Nacional, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield explico que pesar de que la ley indica que ningún servidor público puede ganar más que el presidente en turno, al menos tres perciben salarios mensuales de más de 280 mil pesos; es decir, una cifra que supera al doble al salario de Andrés Manuel López Obrador, como es el caso del consejero de la Judicatura Federal percibe 286 mil 600 pesos.
Además, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, tiene un salario de 286 mil 500 pesos; mientras que el ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, 284 mil 500 pesos.
Sheffield Padilla explicó que de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores públicos, "ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente".
Agregó que en la lista de los quienes incumplen la ley, están la comisionada presidenta del INAI, con un salario de 151 mil 300; el fiscal General de la República, 146 mil 600 pesos; y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 141 mil 100 pesos.
Pero no sólo eso, si no que resaltó que hay quienes ganan más que López Obrador y para no ajustarse a lo que dice la ley se han amparado.
Así, quienes se han amparado para ganar más que el presidente son los siguientes:
Gobernadora del Banco de México (248 mil 500 pesos)
Consejero presidente del INE (240 mil 500 pesos)
Comisionado presidente de la COFECE (206 mil 400 pesos)
Comisionado Presidente del IFT (197 mil 700 pesos)
Presidenta del INEGI (149 mil 700 pesos)
"Vamos a continuar indagando más a fondo para presentar las actualizaciones y ojalá algunas compañeros y compañeros del Gobierno ya se hayan ajustado a cumplir con la ley".
"Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país en donde nadie debe ganar más que el señor presidente".
Explicó que el comparativo de sueldos es "el mensual después de impuestos, el neto, el que realmente nos llega a la bolsa y nos lo podemos guardar en lo que ocupemos gastarlo".
"El sueldo del señor Presidente es de 136 mil 700 pesos, gana exactamente lo mismo la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los secretarios de Estado, 135 mil 400, el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el director general gana 132 mil pesos mensuales ya netos; el director general de Pemex, 125 mil 400 pesos", agregó Sheffield Padilla.
El titular de Profeco recordó que el artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo mayor a la establecida para el presidente de la República.
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