Rebeca Marín
Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la administración de Enrique Peña Nieto, ganó la demanda contra la Secretaría de la Función Pública (SFP), que la destituyó e inhabilitó por 10 años, e impide desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, por haber falseado su declaración patrimonial, por lo que tendrá que emitir una nueva sentencia.
En acato a una sentencia de amparo, por unanimidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la resolución que dejó insubsistente la sentencia definitiva emitida el 8 de septiembre de 2021, donde ratificó dicha sanción impuesta a Robles Berlanga por la SFP para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por una década.
En junio del año pasado, el vigésimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa concedió a la ex funcionaria la protección de la justicia federal para que se le dicte nueva sentencia, con el argumento de que la sanción dictada fue excesiva y se deben hacer consideraciones antes de llegar a la penalización más alta, ya que esto tiene que ver con una cuenta bancaria que no incluyó en su declaración patrimonial, en la que sólo había reportado 2 mil 800 pesos.
La Sala Superior del órgano jurisdiccional consideró fundados los agravios presentados por la ex servidora pública, por lo que ordenó a la dependencia federal emita una nueva resolución ajustándose a los resolutivos de la sentencia.
Los magistrados aprobaron el proyecto de su homólogo Carlos Mena Adame, quien señaló que "en estricto cumplimiento a la ejecutoria del tribunal colegiado, se declara la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva resolución a que emita la sanción correspondiente por falta administrativa cometida por la actora, atendiendo a los dispuesto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos".
Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la administración de Enrique Peña Nieto, ganó la demanda contra la Secretaría de la Función Pública (SFP), que la destituyó e inhabilitó por 10 años, e impide desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, por haber falseado su declaración patrimonial, por lo que tendrá que emitir una nueva sentencia.
En acato a una sentencia de amparo, por unanimidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la resolución que dejó insubsistente la sentencia definitiva emitida el 8 de septiembre de 2021, donde ratificó dicha sanción impuesta a Robles Berlanga por la SFP para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por una década.
En junio del año pasado, el vigésimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa concedió a la ex funcionaria la protección de la justicia federal para que se le dicte nueva sentencia, con el argumento de que la sanción dictada fue excesiva y se deben hacer consideraciones antes de llegar a la penalización más alta, ya que esto tiene que ver con una cuenta bancaria que no incluyó en su declaración patrimonial, en la que sólo había reportado 2 mil 800 pesos.
La Sala Superior del órgano jurisdiccional consideró fundados los agravios presentados por la ex servidora pública, por lo que ordenó a la dependencia federal emita una nueva resolución ajustándose a los resolutivos de la sentencia.
Los magistrados aprobaron el proyecto de su homólogo Carlos Mena Adame, quien señaló que "en estricto cumplimiento a la ejecutoria del tribunal colegiado, se declara la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva resolución a que emita la sanción correspondiente por falta administrativa cometida por la actora, atendiendo a los dispuesto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos".
Este viernes se llevará a cabo una nueva audiencia de Rosario Robles, donde intentará demostrar que la acusación en su contra por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la llamada "Estafa Maestra" prescribió.
La diligencia se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur donde un juez de control federal definirá si cancela o continúa su proceso.
En enero pasado, el noveno Tribunal Colegiado en Ciudad de México, del Poder Judicial de la Federación, (PJF) otorgó un amparo a Rosario Robles contra la negativa del impartidor de justicia para sobreseer el delito de ejercicio indebido del servicio público por omisión, por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos.
En ese entonces, los magistrados ordenaron dejar sin efectos la resolución del 4 de febrero del 2022, en la que se declaró improcedente dictar el sobreseimiento a favor de la ex titular de la Sedesol y citar a una nueva audiencia en la que el Juez de Control deberá verificar los argumentos planteados por el equipo de abogados de la ex funcionaria, a cargo de Epigmenio Mendieta, y después de realizar un control difuso de constitucionalidad.
Además, tendrá que determinar cuál es la norma que resulta aplicable Robles Berlanga, en el sentido de que se tienen dos normas previstas, siendo los artículos 214 fracción III del Código Penal Federal (hecho que encuadró el Ministerio Público) y el 114 fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, "las cuales prevén la misma conducta", en la vía administrativa.
Por lo que el juzgador "deberá determinar si la conducta es constitutiva de delito o sólo causa de responsabilidad administrativa, para así se tenga la certeza de una verdadera taxatividad que pide la defensa de la quejosa".
En agosto del año pasado, Rosario Robles abandonó el penal femenil de Santa Martha Acatitla, tras permanecer tres años en prisión, luego de que el juez de control del Reclusorio Sur Ganther Alejandro Villar Ceballos le otorgó la libertad.
En la actualidad enfrenta en libertad su proceso penal luego de que la fiscalía general de la República (FGR) valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al juez de control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
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