Martín Aguilar
El camino para conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa cada vez es más estrecho. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó que al interior del Ejército se dio la orden de ya no entregar más información sobre este caso y acordar una respuesta coordinada sobre cómo ocurrieron los hechos.
Carlos Beristain, integrante del GIEI, acusó en conferencia de prensa que la orden provino del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional mediante un documento con fecha del segundo semestre de 2022, una decisión que calificó de "delicada" porque la falta de información de parte del Ejército podría llevar a que nunca se sepa la verdad de lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
La instrucción del Estado Mayor de la Sedena fue para no dar más información al GIEI y tampoco a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), la cual es encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población.
"El documento que tenemos es de la Sedena, del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y ahí se dan indicaciones de algunas cosas, entre ellas se da la indicación de que hay que dar una respuesta, a la Covaj y al GIEI, hay que darles una respuesta acordada entre diferentes sectores de la institución, lo cual nos parece muy delicado", informó Beristain.
El experto independiente también acusó al Ejército de trasladar de un lado a otro documentos clave para la investigación sobre la desaparición de los normalistas. Señaló que el GIEI no ha podido acceder a unos 80 o 90 documentos donde hay transcripciones de conversaciones de los criminales que participaron en la desaparición de los jóvenes.
"Hemos tenido informaciones de testigos que nos han dicho que parte de esa información ha sido sacada de donde estaba y ha sido llevada a otro lugar que no conocemos", expresó Beristain.
El especialista añadió que estos hechos se han dado a conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido a la Sedena que entregue toda la información sobre el caso, pero el presidente ha negado que esto sea verdad.
Durante los primeros meses de este año han continuado las obstrucciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para que el GIEI no tenga más información del caso Ayotzinapa, además de que la ejecución de las órdenes de aprehensión ha sido lenta, acusó Ángela Buitrago, otra experta independiente.
"Se ha tratado de limitar el acceso del GIEI a algunos testigos. Hemos verificado este año la realización de dos diligencias que considerábamos importantes, hicimos presencia en el sitio donde se estaban llevando a cabo las declaraciones por parte de la Fiscalía y no tuvimos acceso a esos testigos en particular que tenían que ver con aquellas personas que fueron detenidas como presuntos partícipes de los hechos en los primeros momentos del caso", cuestionó Buitrago.
La experta señaló que de 83 órdenes de aprehensión que se emitieron el año pasado, solo un 40% se han ejecutado. Buitrago dijo que el resto de las aprehensiones no se ha cumplimentado porque son contra personas que siguen ocupando cargos públicos, especialmente contra gente que en 2014 formaban parte del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El GIEI ha obtenido pruebas de que los agentes del Cisen estuvieron presentes durante el ataque que sufrieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, y después de eso habrían participado en los actos de tortura para forzar las declaraciones de los presuntos criminales que cometieron la desaparición de los estudiantes.
Buitrago detalló que, luego de que el GIEI tuvo acceso a las torturas cometidas por personal del Cisen, la FGR recibió un oficio donde se pedía que no se utilizaran estas grabaciones para investigar a estos agentes de seguridad.
"Estas personas (del Cisen) y en particular uno de los representantes llevó un oficio a la unidad especial de la Fiscalía para decirle que no podía usar estas pruebas porque se trataba de seguridad nacional", señaló la experta.
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"Muchos de ellos siguen siendo funcionarios públicos y, sin embargo, no se les ha hecho efectiva la orden de captura", cuestionó Buitrago.
La experta agregó que el GIEI también ha acumulado pruebas para que la FGR vuelva a solicitar las 21 órdenes de aprehensión contra militares y civiles que el año pasado la propia Fiscalía canceló, una decisión que derivó en la renuncia de Omar Gómez Trejo, exfiscal especial para el caso Ayotzinapa, y en el desmantelamiento del 95% del personal que formaba parte de su equipo.
"Hay elementos suficientes que el GIEI ha reconducido para que la Fiscalía vuelva a pedir esas órdenes de captura y que se evidencia dentro del gran acervo documental que existe posibilidad de reactivar muchas de ellas", expresó la experta.
Los dos integrantes del GIEI informaron que hay un acuerdo con el gobierno para que permanezcan en el país tres meses más, hasta junio de 2023, y así puedan seguir con sus investigaciones.
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