Rebeca Marín
Desde distintos frentes, el sector privado solicitó dialogar con el gobierno ante la sorpresiva aprobación de la reforma a la Ley Minera que logró Morena en la Cámara de Diputados la semana pasada, y que ha sido turnada para su ratificación ante el Senado.
La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) aseguró su ánimo de dialogar con los legisladores para fortalecer la propuesta de reforma minera sin descuidar los impactos que ésta puede tener en las más de 70 cadenas productivas de México, como parte integral de la estrategia de fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales.
"Esto es indispensable para que esta reforma alcance su objetivo fundamental en equilibrio con los principios de crecimiento y desarrollo del país. En la Concamin advertimos respetuosamente algunos riesgos críticos para la continuidad operativa de la industria de México que habrán de solventarse en esta etapa legislativa", enfatizó.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció que si bien la propuesta corrigió algunos puntos del planteamiento original del Ejecutivo, se requiere que el Senado realice un proceso de parlamento abierto para afinarla; y por tiempos, debería avalarse hasta septiembre.
En un comunicado, el sindicato patronal indicó que los cambios a la Ley Minera deben contar con el tiempo suficiente para su análisis, pues pese a que hay mayor flexibilidad en temas como la Ley de Aguas Nacionales, aún se debe trabajar para dar certeza a las inversiones.
"Otros aspectos que se deben analizar con detenimiento son los relacionados con la consulta indígena así como con el otorgamiento de concesiones en garantía, que podrían dejar en indefensión a las empresas. Reconocemos la determinación de garantizar la seguridad en las minas, pero consideramos que hay aspectos que deben quedar claros", anotó.
En este sentido, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) coincidió en la urgencia de un parlamento abierto y dar el tiempo necesario para realizar un análisis riguroso y una discusión legislativa amplia, incluyente e informada.
"Creo que somos más importantes para el país, un parlamento abierto nos servirá no tanto para negociar, sino para que conozcan todo lo que implica la industria minera en las comunidades donde estamos", dijo Carlos Silva Ramos, integrante del comité directivo nacional de la AIMMGM.
El parlamento, tal y como sucedió con la iniciativa de reforma eléctrica, debería contar con la participación de todos los actores involucrados, agregó.
Para analistas, la reforma provoca un deterioro para la confianza empresarial y afectará a la actividad económica de México.
Rosa Morales, analista de Moody's, aseguró que reducir a 30 años el tiempo de una concesión no ayuda, pues "en términos de visibilidad de las inversiones a largo plazo se necesita, dada la materialidad de las inversiones, un periodo mínimo de 50 años".
Consideró que aún falta información para precisar cómo va a ser esta licitación, si hay preferencias o cómo va a funcionar, "en este sentido podría desincentivar la inversión de algunos proyectos, por lo que el sentimiento de los inversionistas se va a ver deteriorado por este tipo de cambios y de propuestas".
Mario Correa, economista independiente, dijo que los cambios a la Ley Minera son muy desafortunados por varios motivos, "entre los que destacan que se hacen con vicios en el proceso legislativo, mientras que por otro lado se golpea nuevamente el ya debilitado Estado de derecho y el entorno para los negocios en el país".
Gabriel Pérez del Peral, profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP, apuntó que la reducción de tiempos de la concesión no alcanzará en el horizonte de los proyectos del sector minero para poder explorar y explotar las minas, "con lo que inhibirá las nuevas inversiones en este segmento".
En contraste, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la nueva ley cuidará las inversiones y el interés de la mayoría.
"Ya tiene México una nueva Ley Minera, que regula la industria, que va a acabar con los proyectos que aquí se denominaron de muerte, de explotación irracional, irresponsable, que atentaban contra los mantos acuíferos, que atentaban contra la capa forestal; en general atacaban el ecosistema", dijo.
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