Rebeca Marín
La Iniciativa de Reforma en Materia de Simplificación Orgánica enviada por el Ejecutivo Federal el pasado 18 de abril al Congreso de la Unión, a consideración de la International Chamber of Commerce México (ICC México), en caso de llegar a aprobarse próximamente, pondría en entredicho la responsabilidad social del Estado puesto que desprotegería a los sectores más vulnerables, afectaría el compromiso del país con el desarrollo sostenible y habría mayor centralización de las decisiones y de poder en la Administración Pública Federal.
La oficina en México de la organización mundial de las empresas advierte que la Reforma en Materia de Simplificación Orgánica, mediante la cual se pretende eliminar la autonomía de varios órganos concebidos como parte del Estado para trascender los vaivenes políticos, y tomar únicamente decisiones técnicas donde se busque proteger y salvaguardar a diversos sectores vulnerables de la población, así como aportar información relevante para las políticas del Estado, es contraria y opuesta al principio de progresividad y a la misión de los gobiernos modernos y democráticos.
La rectoría del Estado, de acuerdo con la ICC México, debe garantizar el desarrollo sostenible e integral del país considerando la integración con responsabilidad de todos los sectores: social, privado y público, como lo establece el artículo 25 de nuestra Constitución Federal. Sin embargo, al eliminar o reducir los institutos y comisiones que velan por proteger y salvaguardar a los sectores más vulnerables -como personas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, pueblos originarios y la cultura indígena y los refugiados- se generaría una gran incertidumbre sobre el compromiso del gobierno hacia estos grupos.
Lo mismo ocurriría con entidades e institutos que, de alguna manera, contribuyen y aportan su conocimiento en diversos compromisos internacionales que tiene México en temas relacionados con el cambio climático, la sostenibilidad del sector agroalimentario, el agua y la energía para nuestro país, por citar algunos de ellos contenidos en la Reforma en Materia de Simplificación Orgánica.
La eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y su integración a la Secretaría de la Función Pública como una unidad administrativa, implicaría la pérdida de la esencia por la que fue creada, con autonomía técnica, de gestión e independencia del Ejecutivo Federal y pasaría a ser un órgano sectorizado de la Administración Pública Federal.
Ahora bien, en el caso de la desaparición del Fideicomiso de Fomento Minero, el cual cuenta con recursos de especial relevancia que deberían estar al servicio del sector para el fomento de la minería con la finalidad de que se realice de forma sostenible; si en el Periodo Extraordinario o el siguiente Periodo Ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se llegaré a aprobar la iniciativa, repercutiría directamente en la forma de manejo, toda vez que quién realizaría el manejo, sería la Administración Pública Federal y, por ende, carecería de transparencia y autonomía.
La Iniciativa de Reforma en Materia de Simplificación Orgánica que tiene como "finalidad" un uso eficiente de los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente a través de la supresión, traslado, integración, conversión, contracción y fusión de unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos descentralizados y fideicomisos hacia dependencias de la Administración Pública Federal, en realidad lo que advierte es una mayor concentración del control, poder y toma de decisiones en el Ejecutivo Federal.
Por lo anterior, la ICC México solicita a los diputados y senadores en el Congreso de la Unión, evitar un desaseo legislativo y toma de decisiones "presumiblemente" a la ligera, como el ocurrido la última semana de abril cuando se aprobaron reformas sin el debido proceso legislativo y consenso político, con la finalidad de evitar el deterioro de las políticas públicas del Estado, las cuales actualmente se están perdiendo.
A continuación, el listado de las facultades que perdería el Estado mexicano al eliminar o limitar el rango de acción de estos organismos, en caso de ser aprobada la Iniciativa de Reforma en Materia de Simplificación Orgánica.
• Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción: Se perdería el esfuerzo de coordinación entre autoridades locales y federales para combatir la corrupción, aumentar la transparencia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
• Fideicomiso de Fomento Minero: Se perdería la promoción del desarrollo de la minería nacional que otorgaba servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica para crear, fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras en el país. Tiene 110 actividades relacionadas con la minería y su cadena de valor.
• Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados: Se disminuirían los servicios a refugiados tales como: el aviso de cambio de residencia, la salida del país de origen, el apoyo para la obtención del documento de identidad y viaje, la reunificación familiar o el reconocimiento de la condición de refugiado.
• Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes: Se disminuirían las acciones para garantizar la protección, prevención y restitución integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.
• Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas: Se limitarían las funciones para asegurar la calidad de las semillas para la siembra, comercio y producción.
• Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura: Se perdería la coordinación de la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.
• Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera: Se limitaría la información confiable, oportuna y relevante a los agentes económicos y tomadores de decisiones del sector agroalimentario y pesquero de México.
• Instituto Nacional de Lenguas Indígenas: Se limitaría el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, incluyendo el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación. Sin el INALI estarían en peligro 68 lenguas y sus subvariantes, que forman parte de las bases de la cultura mexicana.
• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua: Se limitarían los mecanismos para contribuir a la gestión técnica y sostenible del agua a través del conocimiento, la tecnología, la formación de recursos humanos y la innovación.
• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático: Se perdería la información y las acciones a favor de la preservación del medio ambiente, así como el combate y mitigación de los efectos adversos por el cambio climático.
• Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía: Se limitaría la promoción del aprovechamiento sostenible de la energía, mediante la adopción de medidas y de mejores prácticas y tecnología para el uso eficiente de la energía en los diferentes sectores de la economía y de la población.
• Instituto Mexicano de la Juventud: Se limitarían las políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y participación social, dejando a la deriva a más de 38 millones de jóvenes.
• Instituto Nacional de la Economía Social: Se limitaría la instrumentación de políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía, debilitando al sector con la pérdida de apoyos tales como la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos.
• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores: Se limitarían los mecanismos para contribuir al bienestar de las Personas Adultas Mayores en el país, para garantizar su capacidad de goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales, así como de su plena inclusión, integración y participación en la vida económica, política y social.
Tal y como fue señalado en el listado mencionado anteriormente, la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe; el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad; la Dirección General de Publicaciones y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, se encontrarían en la misma situación que los demás organismos.
En una democracia sana es necesario contar con un sistema de pesos y contrapesos a través de organismos autónomos a efecto de evitar que el Estado ejerza un control absoluto y desmedido de sus facultades en perjuicio de los mexicanos, siendo que esta reforma eliminaría tales contrapesos necesarios para nuestra democracia.
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