Han pasado más de dos meses, y no hay visos de que la Guardia Nacional y el país se desmilitariza, sino todo lo opuesto.
El aumento del estado de fuerza de la Guardia Nacional corresponde en su mayoría, a transferencias de elementos militares.
De los casi 130 mil guardias nacionales, el 71% corresponde a las Fuerzas Armadas.
El 48% son de la Policía Militar (Sedena) y el 38% de la Secretaría de Marina; 14% son de la ex Policía Federal.
A la fecha, sólo el 49% del total ha concluido los cursos de capacitación inicial; el 51% restante quedará certificado en mayo de 2024.
Un estudio de la organización no gubernamental Causa Común, arroja datos importantes para analizar.
Por ejemplo, señala que el despliegue de la Guardia Nacional no está en función de la incidencia delictiva de las entidades.
Al cierre de 2022, la mayor cantidad de integrantes se concentró en la Ciudad de México (20 mil 605).
En contraste, Zacatecas sólo tuvo mil 402 elementos en marzo de 2023, una entidad altamente violenta.
Alrededor de 15 mil 494 guardias de esa corporación fueron desplegados en la detención de migrantes.
La Sedena, que aún detenta el control de la Guardia Nacional, recibió un presupuesto de 221 mil 661 para este año.
Por su parte el gasto para las policías locales ha registrado un mínimo incremento o de plano, se ha estancado.
A la par de ese drástico aumento presupuestal, la Sedena pasó a administrar el tren Maya, controla cinco aeropuertos (incluido el de la Ciudad de México) y la nueva Aerolínea del Estado Mexicano.
Al menos 14 secretarías de seguridad pública estatales son encabezadas por mandos militares.
En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, mil 237 miembros de las fuerzas armadas ocupan cargos de secretarios, directores y administradores.
Adicionalmente, tienen titulares militares 17 oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), así como algunas áreas del ISSSTE.
El saldo de la militarización era esperado como negativo, pues de enero de 2019 a marzo de 2023, se han acumulado más de 4 mil quejas por violación a derechos humanos.
Entre otras denuncias destacan tortura, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias.
Las Fuerzas Armadas también realizan funciones irregulares como espionaje a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
En sus informes, la Guardia Nacional no ha reportado elementos sancionados penalmente por actos contrarios a la ley.
Ese es a grandes rasgos del reporte de la incesante militarización del país.
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