Rebeca Marín
En el caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no se encuentran disponibles las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de la institución y están incompletos los datos sobre los contratos y remuneraciones del personal, aseguró la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En conferencia de prensa, la presidenta de MCCI, María Amparo Casar, destacó la importancia de mejorar la transparencia de las fiscalías locales, pues la impartición de justicia en las entidades y municipios es donde los ciudadanos sufren con mayor intensidad las fallas de las instituciones que son las más cercanas a sus problemas y necesidades.
Al presentar el estudio Transparencia y Rendición de Cuentas en Fiscalías Estatales: un nuevo modelo de evaluación, en el que analizaron la transparencia de cuatro fiscalías locales, expuso que la impunidad no puede combatirse sin fiscalias eficientes y transparentes. Igualmente, dado que la transparencia y rendición de cuentas están en retroceso en el ámbito federal (al extremo que 7 de cada 10 bases de datos del gobierno hoy están abandonadas), es indispensable apuntalar a las instituciones locales de justicia.
Yadira García Montero, Investigadora del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED) detalló que a través de una revisión de las leyes federales y locales, de la evaluación y análisis de la información contenida en los sitios de transparencia de las dependencias, así como la elaboración solicitudes de información sistemáticas realizadas a través de un mecanismo de usuarios simulados, se creó una métrica que permite evaluar la transparencia de las fiscalías estatales en una escala de 0 a 100%. Con este modelo, se realizó una evaluación de las instituciones de procuración de justicia de 4 entidades: Aguascalientes, Campeche, Chihuahua y Ciudad de México.
Tanto el IFED y el MCCI diseñaron la Matriz de Transparencia, una metodología mediante la cual se revisaron más de 100 indicadores basados en las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Analizaron las disposiciones de las leyes federales y locales, se evaluó la información contenida en los sitios de transparencia de las dependencias y se realizaron solicitudes de información estratégica a través de un mecanismo de usuarios simulados.
Con esos datos crearon una métrica que permite evaluar el cumplimiento en una escala de 0 a 100.
Indicó que la calificación promedio en la Matriz de Transparencia de las entidades fue de 48%, siendo la Fiscalía General del Estado de Campeche la institución con menor calificación (15.53%) y la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes la que obtuvo el mayor puntaje (69.4%).
Para cada una de las entidades se evaluaron 6 grupos diferentes de variables independientes que permiten analizar las diferentes dimensiones de la transparencia y la rendición de cuentas de las fiscalías.
Los investigadores de MCCI subrayaron que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la integridad y la eficacia de las instituciones de procuración de justicia, que son las encargadas de la investigación y persecución de los delitos.
La rendición de cuentas implica que estas instituciones deben estar dispuestas a explicar sus decisiones y acciones, así como a responder por su gestión ante la sociedad. La transparencia, por su parte, implica que la información relevante de las mismas debe estar disponible para que la sociedad pueda evaluar su desempeño. Para que estos principios puedan convertirse en una realidad para la ciudadanía, es necesario contar con adecuados sistemas normativos, así como mecanismos efectivos de implementación.
"Existen diferentes métricas y evaluaciones que han dado cuenta de los desafíos, áreas de oportunidad y hasta retrocesos en materia de acceso a la información en las instituciones del orden federal. Sin embargo, pocas de ellas han permitido aproximarse de manera específica al caso de las instituciones del orden local, en especial en aquellas encargadas de la procuración de justicia. Este es un problema muy importante, pues en las fiscalías de las entidades federativas se encuentra la atención a muchas de las problemáticas que suceden en el ámbito más cercano de la población.
En su participación José Ramón Cossío, director del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED), comentó: "tenemos que voltear a ver qué está sucediendo porque tenemos una obligación más grande, como atender, documentar, reportar sobre los problemas que tiene este Gobierno, tuvieron los anteriores y tendrá el siguiente", citó.
El exministro de la Suprema Corte resaltó que en este estudio no hay ninguna intencionalidad política y que sólo busca la obligación constitucional de dar y tener información pública.
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