Quien cargue gasolina y se vaya sin pagar, pasará diez años en la cárcel en el Edomex

Rebeca Marín

Los conductores de vehículos que lleguen a las estaciones de gasolina y soliciten al despachador que los provea de combustible, y enseguida se arranquen sin pagar, práctica que se presenta hasta tres veces por semana en algunas zonas del Estado de México, tendrán que enfrentar una sanción de hasta 10 años de prisión.

 

Así lo dio a conocer el diputado local Braulio Antonio Álvarez Jasso, tras proponer cambios al Código Penal de la entidad, para incluir agravantes ante esta conducta delictiva. En nombre del grupo parlamentario del PRI, dijo que debe tipificarse como robo y endurecer las sanciones contra la persona que sustraiga, aproveche o consuma gasolina sin pagar el producto en la unidad económica, establecimiento, estación de servicio o lugar donde se comercialice.

 

La iniciativa, expuesta en sesión de la Diputación Permanente, sostiene que, de acuerdo con la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Estado de México, los hechos asociados al robo de gasolina en los establecimientos dedicados a la venta de este insumo se registran al menos tres veces a la semana, en horarios nocturnos y en algunas gasolineras que se encuentran en lugares limítrofes de municipios como Toluca, Zinacantepec y Lerma.

 

El documento, turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, indica que hay personas que solicitan el servicio para cargar combustible y se van sin pagar, algunas veces en forma agresiva, golpean con su vehículo a despachadores y desprenden las mangueras con las que se despacha la gasolina, lo que propicia accidentes con fatales consecuencias.

 

La propuesta ayudará a que esta conducta delictiva quede plenamente tipificada en el Código Penal estatal, a efecto de que se faciliten las investigaciones, los procedimientos ministeriales y se sancione a quienes realizan estas acciones.

 

Cabe señalar que actualmente el Código Penal prevé penas de prisión para el delito de robo, conforme al valor de lo sustraído, a lo cual se sumaría la agravante de cinco a 10 años de prisión cuando se cometa en contra una unidad económica.