Rebeca Marín
Al menos 22 gobiernos estatales se endeudaron para garantizar la gratuidad de los servicios de salud que ofrece el programa IMSS-Bienestar, principalmente por cirugías o servicios especializados que se tienen que realizar en otras instancias.
El programa IMSS-Bienestar sustituyó en 2022 al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) —proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador—para dotar de servicios médicos y medicinas gratuitas a la población que no cuenta con seguridad social. Este nuevo sistema surgió para reemplazar al Seguro Popular, impulsado por las administraciones pasadas porque cobraba a sus derechohabientes cuotas de recuperación.
Con el programa IMSS-Bienestar, los gobiernos estatales entregaron su infraestructura de salud para que sea administrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de organismos desconcentrados en unidades médicas de primer y segundo nivel que ofrecen servicios gratuitos a personas sin seguridad social.
Sin embargo, el traspaso no permite la atención a todos los que lo requieren porque no en todos los hospitales se cuenta con los servicios de especialidades, de ahí, a través de convenios de servicio se busca qué institución puede brindar la atención a cambio de una cuota cobrable entre instituciones y no al paciente.
Parte de la deuda de los estados se deriva de los convenios para enviar pacientes que requieren alguna cirugía o servicio especializado, que no se brinda en alguno de los 82 hospitales de segundo nivel con los que cuenta el IMSS-Bienestar, a instituciones como el ISSSTE o institutos nacionales o regionales de salud para su atención, lo cual genera un costo que la institución de origen debe pagar.
De acuerdo con el acta de la Cuarta Reunión Nacional de secretarios técnicos de los servicios estatales de salud —celebrada el 23 de febrero de 2023—, 22 gobiernos estatales reportaron adeudos con el ISSSTE, el SAT y diversos proveedores, mientras otras seis entidades recurrieron a la banca de desarrollo o a adeudos con las secretarías de finanzas de sus entidades para hacer frente a la gratuidad de los servicios y medicinas.
En el diagnóstico al que tuvo acceso El Sol de México, en al menos 13 entidades los pasivos representan 20 por ciento del presupuesto total disponible. La estimación de la Secretaría de Salud es que 70 millones 895 mil 824 mexicanos no cuentan con servicios médicos ni medicinas.
En la reunión, encabezada por María Eugenia Lozano Torres en su calidad de secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud, se presentó el Semáforo de la Estructura Financiera en la que se midió "el nivel de endeudamiento acumulado de los OPD (Organismos Públicos Descentralizados de salud) a terceros institucionales, el ISSSTE y SAT, así como los no institucionales, en donde entran otro tipo de proveedores.
Ese semáforo mostró que entidades como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán se encontraban entre las entidades con "adeudos acumulados" ante el ISSSTE y el SAT y otros proveedores.
El diagnóstico también presentó a las entidades que recurrieron a la banca de desarrollo o a convenios con las secretarías de Finanzas estatales, que incluyen pasivos diferidos, dictaminación de estados financieros por un auditor externo y la participación estatal en los costos de los mismos servicios.
Las entidades que recurrieron a este esquema son Chiapas, Colima, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala
Los secretarios de Salud manifestaron en esa reunión su inquietud sobre el financiamiento de los servicios que ofrece el IMSS-Bienestar. La titular del ramo de Querétaro, María Martina Pérez Rendón informó que entre los pacientes que llegan a esos servicios se encuentran derechohabientes de otros sistemas y a ellos sí se les cobra a través de "cuotas de recuperación".
Pidió al gobierno federal establecer mecanismos para que en los convenios de intercambio de servicios, las entidades que brindaron la atención puedan cobrar únicamente si existe una referencia médica que solicitó la atención.
El secretario técnico de los servicios de salud en Oaxaca, José Luis Ortega demandó certeza financiera, dado que en los lineamientos de programas y recursos "es necesario considerar la afectación que representa, no tener certeza en los tiempos en que se puede disponer de los recursos".
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