Rebeca Marín
Más de 273 mil niñas, niños y adolescentes del Estado de México realizan trabajo infantil en condiciones de explotación e inhumano, situación que va en detrimento de su sano desarrollo físico, mental, emocional y moral, afirmaron diputados locales, al manifestar que es urgente combatir esta forma de explotación contra los menores.
La legisladora Mónica Miriam Granillo Velazco demandó a los diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso aplicar reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo mismo que a Ley de Educación, con el fin de clasificar definir bien los conceptos de trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil.
Durante la sesión legislativa y desde la tribuna del recinto legislativo, dijo que es necesario trabajar de manera específica en dichos conceptos, y para ello debe discutirse la iniciativa que promueve para consolidar los cambios legales.
La propuesta, afirmó, conceptualiza las peores formas de trabajo infantil como aquellas actividades que someten a las niñas, niños y adolescentes a la explotación por parte de adultos y que ocasiona daño inminente e irreversible en su desarrollo.
Agregó que el trabajo infantil debe quedar definido como toda actividad que priva a los niños de su potencial y su dignidad, y que es perjudicial mental, física, social o moralmente, ya sea por su naturaleza o por las condiciones en las que se realiza e interfiere con su escolarización o trunca su pleno desarrollo.
Mencionó que aun cuando la normatividad establece restricciones específicas para el empleo de menores, todavía prevalecen condiciones infrahumanas, especialmente en zonas en donde la pobreza es un factor determinante y las y los niños trabajan por supervivencia y la de sus familias, además de que en muchos casos adultos sin escrúpulos se aprovechan de su vulnerabilidad.
La iniciativa detalla que las y los menores con discapacidad y sin discapacidad gozan del derecho a la protección contra el trabajo infantil, por lo que las autoridades estatales y municipales deberán velar para que nadie obtenga un beneficio económico, a través de su explotación laboral en calles, avenidas, ejes viales, espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación.
También plantea que se deben impulsar programas de formación e información para padres y madres de familia, cuidadores y tutores con el objetivo de concientizar sobre el impacto del trabajo infantil, así como para la reflexión respecto a que, a largo plazo tendrá mayor retribución educar que hacerlos trabajar.
La propuesta será turnada a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Primera Infancia para continuar la ruta legislativa encaminada a lograr las modificaciones al marco legal.
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