Rebeca Marín
El paro de trabajadores del poder judicial afecta la vida cotidiana de los negocios de la Ciudad de México y de todos los ciudadanos, ya que implica un retraso en la resolución de controversias y conflictos legales de distinta índole.
Así lo señaló el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX), José de Jesús Rodríguez Cárdenas al explicar que, en su quehacer cotidiano, la actividad económica entra en distintos momentos y por diversos motivos en controversias legales que se tienen que dirimir en un juzgado, por lo que el hecho de que se suspendan actividades provocará un retraso en todos los casos pendientes de resolución.
Comentó que en países desarrollados se tiene un juez o un magistrado para cada 20 juicios, mientras que en México una sola persona puede estar atendiendo más de 5 mil o 10 mil juicios, lo que provoca evidentemente un sobrecarga de trabajo y, por ende, un rezago en la impartición de justicia en nuestro país.
Si a este rezago le agregamos los paros laborales que estamos viendo y la posibilidad de que sigan siendo recurrentes, evidentemente, se provocará un colapso en el aparato de impartición de justicia, y serán los usuarios, que es la sociedad en su conjunto, ciudadanos y empresarios, los que resulten más afectados, comentó.
Al hacer un llamado al poder legislativo a revisar con mucho cuidado este tema, conocer a fondo cuál es el propósito de estos fideicomisos, para tomar una decisión informada, Rodríguez Cárdenas se pronunció a favor de la separación de poderes que permite un equilibrio en el pacto social y evita actos discrecionales que vulneran derechos legítimos.
"La separación de poderes es indispensable para preservar el Estado de Derecho de cualquier país", puntualizó Rodríguez Cárdenas al señalar que la percepción mediática sobre la desaparición de los fideicomisos pareciera más una amenaza al poder judicial por no supeditarse a lo que dicta el gobierno.
Manifestó que los trabajadores del poder judicial están reclamando un derecho legítimo, porque han explicado y demostrado de manera muy clara que dichos fideicomisos no benefician a los magistrados, sino a los trabajadores de base y empleados del poder judicial.
"Todos sabemos que un solo juicio o una demanda puede tardar varios meses, incluso años y con todo esto que está ocurriendo se retrasarán las resoluciones aún más", comentó.
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